Habrá que amnistiarlo, como a Puigdemont
Sánchez perdonaría a Álvaro García Ortiz, fiel maestresala en los pasillos de la Justicia, pero no está claro que tenga tiempo suficiente para aprobar una segunda amnistía en esta legislatura.
La división mediática de la recua bolchevique está desatada con la sentencia del Fiscal General del Estado que, como es habitual, ninguno de sus integrantes ha leído. Una de las propagandistas más voluntariosas en defensa del sanchismo, desde la bajura intelectual que le proporciona su absoluta ausencia de saberes jurídicos, ya había dictaminado que estamos ante "un claro caso de golpismo judicial" a los pocos minutos de conocido el texto íntegro. La muchacha dijo haberse leído y analizado detalladamente en menos de un cuarto de hora un documento de más de 200 páginas elaborado por expertos juristas, lo que debería llevar a preguntarnos si no tendría que ser también delito el que lerdos de este calibre estén detrayendo mensualmente miles de euros del bolsillo de todos los ciudadanos.
Las disquisiciones sobre la autoría de la filtración y el consiguiente ruido mediático de los periodistas afines al Gobierno, que no pueden decir quién delinquió, aunque lo saben, son irrelevantes desde el momento en que el argumento central de la defensa de García Ortiz era que no pudo haber delito de revelación de secretos en el envío a periodistas afines un mensaje de correo de un abogado, puesto que dicho email ya había sido publicado en distintos medios. Los magistrados del Supremo trituran el argumento al señalar que el hecho de que algunos medios (todos de izquierdas, claro) "ya dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, ya fuera en su formato original, ya en información sobre su contenido, no neutraliza el deber de confidencialidad del Fiscal General del Estado. Sobre el Sr. García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".
Pero los magistrados van más allá y colocan este párrafo sublime en la sentencia, cuya primera frase parece dirigida a los espectadores de La Espantosa y La Sexta. Atención:
"Dicho con la consciente simpleza que ofrecen los ejemplos, el conocimiento por muchos vecinos y compañeros de trabajo de que una persona padece una enfermedad de transmisión sexual no exonera de responsabilidad al médico que, con acceso privilegiado a la historia clínica, lo confirma frente a aquellos que dudaban de la información. El cirujano plástico que ha operado a una celebridad y cuyo cambio físico ha generado el debate público acerca de si su nuevo aspecto es o no fruto de una intervención quirúrgica, o cualquier acto médico, nunca podría terciar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esa operación. Si lo hiciera, incurriría en responsabilidad criminal. El que en un expediente de conformidad verbalice un reconocimiento del delito, no autoriza al fiscal que ha conocido de esa disposición procesal a su divulgación, pues de no concretarse en un acuerdo de conformidad, las posibilidades de defensa quedarían, ciertamente, mermadas si desde la acusación se divulgan las estrategias de defensa que, en un momento determinado y para evitar el juicio, han expuesto un reconocimiento de los hechos".
¿Qué tal, zurditos, se entiende así mejor?
Dos votos particulares, emitidos por sendas magistradas de marcado perfil progresista, dejan abierta la puerta a una futura revisión de la sentencia por la puerta de atrás en el Constitucional, convertido por Sánchez en un tribunal de casación para anular las resoluciones que no le cuadran al señorito. Conde-Pumpido ya no estará al frente del cotarro para practicar el enjuague, pero la mayoría de progreso de nuestro Tribunal de Garantías tiene una fortaleza granítica y no faltarán magistrados que sigan "manchando su toga en el polvo del camino", obedeciendo al mandato pumpidiano.
Sánchez perdonaría a Álvaro García Ortiz, fiel maestresala en los pasillos de la Justicia, pero no está claro que tenga tiempo suficiente para aprobar una segunda amnistía en esta legislatura. Porque aquí no se trata de otorgar un perdón graciable a un delincuente, algo por lo demás impracticable por la gravedad de los hechos juzgados. Lo que quiere la izquierda es borrar el delito y convertir en delincuentes a los jueces que lo castigaron, como en el procès. Por desgracia para el nuevo compañero de desgracias de Baltasar Garzón, no parece que el motxo esté de humor para votar a favor de amnistiar a nadie mientras a él nadie le dice qué hay de lo suyo.
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