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Emilio Montilla

Los misterios de "Sarah"

Nadie sabe muy bien de dónde ha salido la Sra. Santaolalla, pero su incontinencia verbal es inversamente proporcional a su currículum.

Sarah Pérez Santaolalla | rtve

Este pasado jueves, la paladina mediática de la izquierda, Sara Santaolalla –o Sarah, como ella prefiere que le llamen–, protagonizó un duro enfrentamiento verbal en televisión con Elisa Vigil, diputada autonómica del Partido Popular. Un episodio más de los muchos que jalonan una carrera mediática construida casi exclusivamente sobre el enfrentamiento, el ruido y la descalificación personal.

Lo verdaderamente relevante es una premisa elemental que conviene abordar: ¿quién es exactamente Sarah Santaolalla y por qué ocupa de manera habitual un espacio relevante en el debate público? La pregunta no es retórica, pues no consta formación académica relevante ni trayectoria profesional conocida que justifiquen su condición de opinadora omnipresente.

Lo cierto es que sí que se ha podido comprobar que cursó Derecho y Comunicación por la Universidad de Salamanca, sin que quede reflejado en ninguna parte que acabara ninguna de las dos carreras. De hecho, comenzó a participar en distintos formatos como "jurista" y, en cuanto empezaron las preguntas incómodas, pasó a presentarse simplemente como "analista política".

En cuanto a su experiencia laboral, tampoco hay nada que parezca avalarla para el puesto que hoy desempeña, pues únicamente he podido averiguar que, antes de su salto a las grandes tertulias, realizó colaboraciones puntuales con 7NN –un canal de ideología conservadora ya extinto– y en el Canal Red de Pablo Iglesias, de carácter claramente militante.

Resulta llamativo, eso sí, que su presencia en los debates de máxima audiencia se haya normalizado de manera casi simultánea a que, tal y como han publicado múltiples medios de comunicación, comenzara una relación sentimental con Javier Ruiz, presentador de RTVE. No quiero decir que exista causalidad, pero la casualidad es ciertamente esclarecedora.

Me gustaría dejarle claro al lector que no disfruto planteando este tipo de cuestiones personales sobre nadie, pero si lo hago en este caso es porque esta señora percibe una generosa cantidad de dinero de nuestros impuestos. De hecho, Pablo Haro, colaborador de esta casa, solicitó a RTVE a través del Portal de Transparencia saber cuánto cobraba, y la suma de sus intervenciones en los distintos programas de la cadena pública ascendía a un monto mensual superior a los 6.000€. Asimismo, habría que cuestionarse si es ético que trabaje en el mismo programa que su pareja, el cual tiene poder de decisión sobre su contratación al ser también director del programa.

Es difícil de justificar que, mientras de nuestras facultades salen cada año miles de excelentes profesionales, se sigan repartiendo puestos en la televisión pública a personas que no reúnen ni el mérito ni la capacidad. Para más inri, no se trata sólo de que no reúne las condiciones previas necesarias para ocupar dicho cargo, sino que su desempeño es la antítesis de los principios de objetividad, pluralismo y neutralidad política que pregona la Ley 17/2006, la cual rige el funcionamiento de RTVE.

Hagan la prueba y pongan cualquier tertulia en la que participe: sea cual sea el tema que se plantee, ella siempre acabará respaldando la postura que mejor convenga al Gobierno, introducirá descalificaciones personales cuando no le guste lo que escuche e interrumpirá y empezará a alzar la voz en cuanto perciba que está empezando a perder el debate.

Todo esto no sería especialmente relevante si estuviéramos ante una tertuliana más, con un perfil definido y una trayectoria reconocible. El problema surge cuando este tipo de comportamientos no sólo se toleran, sino que se premian; cuando la falta de mérito no es un obstáculo, sino una ventaja; y cuando la afinidad ideológica y las relaciones personales sustituyen a la experiencia y la capacidad como criterios de selección. Es entonces cuando debemos trasladar el foco de una persona en concreto al sistema que la ha puesto ahí.

El Gobierno parece decidido a utilizar nuestro dinero para colocar comisarios ideológicos en sus atalayas mediáticas cada vez que le plazca, con la tranquilidad de saber que quien lo debe todo siempre resulta fácil de controlar, precisamente porque no tiene nada propio que aportar.

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