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La superación de la falta de liquidez del sistema financiero

El problema de una parte del sistema financiero nacional ya no es de liquidez, sino de solvencia, una situación a la que es más sencillo hacer frente.

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El presente ensayo de Alberto Recarte, que hemos publicado en tres entregas, es un análisis de la situación actual de la economía española y de sus perspectivas de recuperación a medio plazo y largo plazo. Puede consultar la primera y segunda entregas.

Me imagino que puede escandalizar el que me atreva a decir que la superación de la falta de liquidez del sistema financiero español podría tener esa consideración. Y, sin embargo, así es. El problema más grave al que se ha enfrentado el sistema financiero español en los últimos dos años, desde agosto de 2007, es el de la falta de liquidez. Ha habido momentos dramáticos en los que nuestra banca sólo obtenía liquidez del Banco Central Europeo, de la reducción del crédito circulante a todos sus clientes, buenos y malos y captando depósitos a altísimos tipos de interés. Durante casi un año, instituciones de primera fila ofrecían remuneraciones del 5% por depósitos a la vista, y los más pequeños, o menos solventes, llegaban al 8%. La situación de falta aguda de liquidez se ha superado. Un fenómeno que también ha ocurrido en los países con mayores problemas en sus sistemas financieros, como Estados Unidos y el Reino Unido.

En estos momentos, el problema de una parte del sistema financiero nacional ya no es de liquidez, sino de solvencia, una situación a la que es más sencillo hacer frente pues, en la actutalidad, es posible asegurarse la aportación de capitales por parte de los Tesoros de los respectivos países o lograr fondos a largo plazo de los particulares, aunque sea pagando altísimos tipos de interés.

No quiero ir más allá en el análisis del sistema financiero español, pues los problemas políticos, la inoperancia del Gobierno y la de la oposición, están provocando que se retrase, injustificadamente, la adopción de acuerdos para superar las situaciones de falta de solvencia de algunas entidades financieras, que casi siempre pasan por operaciones de compra, concentración o fusión de las entidades financieras con problemas con las más solventes, más eficientes o de mayor tamaño. La Constitución de 1978, tal y como ha sido interpretada por parte de sucesivos Tribunales Constitucionales, ha resultado en un protagonismo, no previsto en la propia Constitución, de las administraciones autonómicas, que juegan, cada vez más, –todas, las gobernadas por los socialistas, las que gobiernan los populares y, por supuesto, las más nacionalistas– a ser Estados. Eso sí, sin responsabilidades fiscales, económicas ni legales de orden general. Es inaudito que en las decisiones de orden financiero se escuche a las autonomías, que han demostrado hasta la saciedad su egoísmo, su inoperancia y su falta de capacidad para afrontar los problemas nacionales. Las autonomías son, hoy, la encarnación de la irresponsabilidad social y el Gobierno nacional y la oposición nacional el mejor ejemplo del deterioro de nuestros partidos políticos y de que todo vale para conservar el poder; o para intentar alcanzarlo. El poder de los políticos de las autonomías se ha traducido en que el recién creado FROB, un fondo para capitalizar las cajas de ahorros con problemas, forzando su fusión con otras más solventes, está sujeto al visto bueno de las autoridades autonómicas si lo que propone el Banco de España es un acuerdo, fusión, venta, o la fórmula que sea entre cajas que tengan su domicilio social en diferentes autonomías. Un ejemplo: en el caso de que fuera cierto que una entidad como Caixa Cataluña tuviera problemas y hubiera habido –que los ha habido– propuestas de cajas de ahorro de otras autonomías para fusionarse con ella, la última palabra la tenía de hecho, y ahora de derecho, el Gobierno catalán. Y su palabra parece haber sido que nadie de fuera de Cataluña se va a fusionar con una caja catalana. Las consecuencias de que el Gobierno español haya aceptado y reflejado en una ley ese planteamiento del Gobierno autonómico catalán son de dos órdenes. El primero, jurídico, porque la Constitución española no contemplaba esa competencia por parte de las autonomías. El segundo, económico. Porque si esa caja o cualquier otra de otra autonomía no puede fusionarse con quien sea más lógico desde un punto de vista económico, el coste de reestructuración o liquidación será muy alto, y se pagará no con los presupuestos de las autonomías sino con los Presupuestos Generales del Estado.

Conclusión: No habrá una nueva ley de cajas y en los próximos años veremos problemas de solvencia en muchas cajas de ahorros. El brote verde de la superación del problema de liquidez se compensará con problemas de solvencia de gran tamaño.

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