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Responsabilidades políticas

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En la estrategia de lucha contra ETA, los gobiernos de José María Aznar han sido perfectamente conscientes de que, para ganar, necesitaban aislarla políticamente y derrotarla policialmente. Lo primero se había logrado con una activa política nacional e internacional, que se ha plasmado en la condena y rechazo al terrorismo, y sus apoyos políticos, por parte de las instituciones europeas, de los gobiernos europeos más reticentes –como el belga– y con el apoyo incondicional de Estados Unidos. A nivel nacional, el gobierno solicitó y logró del Tribunal Supremo la ilegalización de Batasuna y explicó claramente al PNV que iba a hacer respetar la Constitución, costara lo que costase.
 
En esa tesitura, Carod se entrevista con ETA y rompe la estrategia de aislamiento político. Nada extraordinario por parte de alguien que tiene antecedentes de apoyo a Terra Lliure y que comulga con fines y, no sabemos hasta qué punto, incluso, con los medios; siempre, naturalmente, que los atentados no ocurran en Cataluña.
 
Una vez más en la historia de la democracia en España, el PSOE no estuvo a la altura de las circunstancias y traicionó la Constitución, como hizo en 1934 y como hizo en los meses –operación de acoso y derribo de Suárez– anteriores al golpe de estado de Tejero. Ahora, el traidor es Maragall, el cual, primero, se niega a desprenderse de Carod, para aceptar después su sustitución por otro miembro de Esquerra, que nunca rectificó la posición política que significó el encuentro de Carod con ETA. La responsabilidad llega hasta Rodríguez Zapatero, máximo dirigente del PSOE, quien, en una muestra de oportunismo político y falta de ética, pretende que no ha pasado nada, que lo ocurrido en el tripartito catalán es un tema menor; incluso que es una maniobra política del PP para influir en la campaña, filtrando la entrevista y no deteniendo –pudiendo haberlo hecho– a la cúpula de ETA, según declaraciones de “rencor”  González.
 
ETA, naturalmente, se da cuenta de que con la ayuda de Esquerra, la abstención del PSC, el posicionamiento anticonstitucional de la Izquierda Unida de Madrazo y la siempre inestimable colaboración del PNV, tiene una oportunidad. Vuelve a tener relevancia política. Sólo le faltaba volver a atemorizar, lo que habría hecho en cualquier caso, con Esquerra o sin ella. Falla en una primera ocasión, cuando la guardia civil detiene la furgoneta con más de 500 kilos de dinamita en Cuenca, pero tiene éxito, ahora, con el atentado más sangriento de la historia de España.
 
En los próximos días tendremos que soportar el llamamiento a la unidad política de los responsables de partidos como ERC, PSC, IU y PNV, que proclamarán su oposición al terrorismo. El PSOE de Zapatero –por su parte– no podrá librarse de lo que significa la candidatura conjunta al senado de ERC y PSC en Cataluña. Me refiero al PSOE de Zapatero, porque conservo la esperanza de que dentro de ese partido haya otros dirigentes con ética y principios constitucionales, que sean capaces de comprender hasta dónde alcanza la responsabilidad que implica ser la oposición oficial en un régimen democrático.
 
Las ansias de poder de los políticos de los partidos del pacto anti PP, derrotados en la urnas o que, habiendo ganado, quieren apoderarse de competencias que no les pertenecen, han sido instrumentalizadas, una vez más, por ETA. Que el resultado político inmediato sea un retroceso político en las elecciones de sus aliados –y los que dialogan con ellos, o consienten que otros pacten con ellos– no les afecta. Su planteamiento es una locura a la camboyana a largo plazo.
 
Por supuesto que necesitamos un PSOE responsable y unido para asegurar la estabilidad política española. Pero no hay demsiados indicios como para ser optimista en relación con ese apoyo en los difíciles años que se avecinan. Lo que necesitamos, en cualquier caso, es que, si el PP gana las elecciones, se comporte como un partido unido, coherente y disciplinado, dispuesto a aplicar la Constitución. Si Rajoy lo consigue, podrá gobernar hasta desanimar, definitivamente, a los que históricamente han pretendido alcanzar el poder sin respetar la Constitución.
 

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