Este asunto de la reválida plantea ciertas cuestiones que dejan al descubierto deficiencias insuperables de nuestra enseñanza secundaria. Una de ellas es la “calidad” de los profesores.
Después de las opiniones y declaraciones escuchadas estos días va quedando claro que la gente de izquierdas de este país, en su gran mayoría, considera que examinar era una costumbre franquista. Una consideración que demuestra cierta desmemoria por su parte, puesto que fue una ley franquista, la Ley General de Educación de 1970, la que suprimió todos los exámenes de la enseñanza primaria, media y bachillerato a excepción del COU, que sólo se exigía para quienes querían estudiar una carrera superior.
Lo que sí es cierto es que la progresía española ha llevado siempre muy mal eso de tener que examinarse. Desde el principio de la transición arremetió contra el examen como forma de selección con el tan falaz como absurdo argumento de que con él los pobres salen siempre perjudicados.
Como consecuencia de la implantación de la Ley General de Educación la demanda de profesorado creció de forma incontrolada. Junto a los catedráticos y profesores agregados de instituto se fue formando un grupo cada vez más numeroso de profesores interinos que tenía contratos provisionales de solo un año de duración. Al mismo tiempo, las protestas por la dificultad de los exámenes a las cátedras y a las agregadurías se hacían cada vez más fuertes. Hubo algún año que esos exámenes se tuvieron que realizar de forma casi clandestina para evitar la presencia de boicoteadores.
La situación, que se iba haciendo insostenible, estalló en el curso 1977-78 con una huelga general del profesorado interino que paralizó completamente el funcionamiento de los institutos. Los profesores exigían una solución a su precariedad. Aunque la mayoría pedía un contrato laboral, sus representantes sindicales pactaron con la Administración la convocatoria de un número ilimitado de plazas de funcionarios. El interino de cierta antigüedad, con el sólo requisito de solicitarlo, preparar un pequeño trabajo y pasar por el aro de un simulacro de examen sería convertido en “Profesor agregado de instituto”. De esa forma, todos los que una y otra vez había sido suspendidos en los exámenes se convirtieron en funcionarios y quedaron para siempre agradecidos a la gestión de sus sindicatos. A partir de ese momento, la calidad de la enseñanza quedó en entredicho. Los profesores, una vez instalados en la comodidad y seguridad de sus puestos de funcionarios, no tendrían ya que volver a rendir cuentas a nadie de su capacidad ni de sus conocimientos.
Con la llegada del PSOE al poder, el descontrol en la adjudicación de plazas de funcionarios se hizo ya generalizado. Por ejemplo, en los centros de Formación Profesional en el año 85 se convocaron unas “oposiciones” con tribunales formados por profesores del mismo centro en las que se hicieron agregados a maestros de taller que ni siquiera tenían titulación superior.
La elaboración de la LOGSE precisó de un número inmenso de docentes que, retirados entonces de la tiza, se convirtieron en administrativos de rango superior. Al terminar su trabajo, y como premio a su colaboración, el Ministerio de Educación inventó para ellos un nuevo título académico el de “la condición de catedrático” que igualaba en sueldo y nivel al de los catedráticos antiguos. Todos aquellos que demostraron su adhesión al régimen escribiendo varias páginas sobre la bondad de la LOGSE y los beneficios que traería a la educación española, de la noche a la mañana se encontraron ascendidos al más alto rango que existía para un profesor de instituto. Conviene señalar que desde ese momento, y con cierta regularidad, se convocan oposiciones para “la adquisición de la condición de catedrático”. Una pantomima de examen que no sólo avergüenza al opositor, sino que además sigue premiando la adhesión a los principios pedagógicos de la LOGSE.
Así pues, en este momento, quedan unos pocos catedráticos y agregados anteriores a la oposición del 81 que sueñan con la jubilación, y una enormidad de agregados y catedráticos “de condición” de dudosa competencia. Así las cosas, yo me pregunto ¿quién va a poner los exámenes de reválida? ¿Quién los va a corregir? ¿Quién va a dar clase a los alumnos que sigan esos “itinerarios” que se prevén con mayor nivel de exigencia?
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