Según una encuesta realizada entre 10. 000 profesores por el sindicato de enseñanza ANPE, que publicó el diario ABC hace unos días, el 85% de los profesores considera que actualmente existen situaciones de violencia en los centros educativos. Más del 80% de ellos califica esos actos de violencia como graves.
Hace cinco o seis años, una parte del profesorado, que en honor a la verdad debe decirse que era más bien pequeña, animados por el deseo de reforma que mostró el ministerio de Esperanza Aguirre y decididos a romper el implícito pacto de silencio con el que se había recibido la atrevida reforma educativa socialista, comenzó a denunciar la situación de indisciplina que se vivía en las aulas.
Resultó entonces que, aunque pocos lo confesaban, éramos muchos los que nos sentíamos indefensos ante la constante provocación de algunos mozalbetes malencarados que, creyéndose dueños del universo, imponían su santa voluntad en colegios e institutos. Esta situación, decíamos, se irá agravando a medida que se vaya implantando la LOGSE y con ella la ampliación de la enseñanza primaria (la ESO, Enseñanza Secundaria Obligatoria, cuando se aplica a la realidad no es otra cosa que la prolongación de la enseñanza primaria hasta los 16 años).
En julio de 1999, en un artículo sobre violencia escolar publicado por la revista Cambio 16, el que fuera presidente de la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos) escribió:
“La situación no es ni siquiera en la actualidad preocupante. Lo único que percibimos con un gobierno conservador son medidas conservadoras, coercitivas y de alguna forma represoras”.
Ahora, cuando acaba de juzgarse el perverso asesinato de Sandra Palo a manos de unos “muchachos” de 14,16 y 17 años, muchos se preguntan cómo es posible que chicos tan jóvenes cometan asesinatos tan tremendos.
Qué se puede hacer, se pregunta en El País Elvira Lindo, “antes de llegar al extremo de que cuatro chavales se reúnan para torturar hasta el último aliento a una muchacha, dónde estaban los que debieron inculcarles el necesario sentido de la piedad”.
Creo que Rousseau, aunque dijera lo contrario, sabía muy bien que el hombre no es bueno por naturaleza, de ahí que se quitara de encima la responsabilidad de educar a sus propios hijos, y que, como dice Elvira Lindo, también sabía que hay que “inculcarle el sentido de la piedad”. El problema es que hay individuos totalmente insensibles a la piedad y, para ellos, se deben buscar otras maneras diferentes de hacerles entender que no se puede ir por el mundo practicando la maldad. Hay individuos que no saben diferenciar el bien del mal y, para ellos, hay que buscar formas especiales de “inculcar la piedad”.
Estos “chavales” que han matado a Sandra Palo probablemente estaban escolarizados y no creo que fueran unos angelitos que un buen día, después de fumarse un porro, decidieran secuestrar a una pobre infeliz, humillarla, violarla y cometer con ella cuantas atrocidades se les antojaran. Seguramente eran alumnos indisciplinados y violentos con sus profesores y compañeros. Seguramente ya se sabía que era imposible, por las buenas, inculcarles el sentido de la piedad y por eso habría que haber intentado que aprendieran “por las malas” lo que le puede pasar a quien no respeta los derechos del prójimo. Quizás entonces se podría haber evitado que un buen día, más aburridos y emporrados que de costumbre, decidieran “divertirse” a costa de la dignidad y la vida de otra persona.
Pero eso de inculcar algo por las malas, de reprimir los malos instintos, de utilizar medidas “coercitivas”, no está contemplado ni siquiera en los centros de internamiento en los que cumplirán las leves condenas los asesinos de Sandra. Para darse cuenta basta leer el articulo 60 de la ley que regula el régimen disciplinario de estos centros “sancionadores y de educación” en el que se dice que cuando un interno cometa una falta grave contra el reglamento podrá ser castigado sin salir uno o dos fines de semana (hasta 4 si la falta es muy grave). También puede dejársele una o dos semanas sin ir de excursión (uno o dos meses si la falta es muy grave) e incluso podría ser recluido, nunca más de dos días, en su habitación durante el horario de actividades del centro, “excepto para asistir a la enseñanza obligatoria, recibir visitas, y disponer de dos horas diarias de tiempo libre”. Ningún otro castigo podrá recibir el joven recluso que tiene derecho a que le sea respetada “su propia personalidad” y que, en ningún caso, podrá ser sometido a trato degradante, ni de palabra ni de obra, ni ser objeto de “un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de las normas”.
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