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Amando de Miguel

Los debates, a debate

Creo que estampé alguna vez que los debates electorales deberían ser obligatorios por ley. Me desdigo.

Creo que estampé alguna vez que los debates electorales deberían ser obligatorios por ley. Me desdigo.
EFE

La palabra debate proviene del verbo latino batuere (= golpear), del que se deriva batir o combatir. Se asoció al deporte de la esgrima y, más tarde, metafóricamente a las discusiones parlamentarias y las que se entablan en las campañas electorales.

Creo que estampé alguna vez que los debates electorales deberían ser obligatorios por ley. Me desdigo. Es mejor que sigan como una sana costumbre liberal. Por eso mismo me permito criticar el modo como se practican en nuestra tierna democracia, que no acaba de tomar la alternativa. Digamos que nos falta mucho para que podamos presumir de calidad democrática en España.

Los debates electorales representan un alto ejercicio de la libertad de expresión, un derecho que se asocia al funcionamiento de los partidos políticos. Por tanto, no veo que el Gobierno deba señalar el formato de tales o cuales debates a través de la televisión o de otros medios. Déjese que el medio correspondiente invite a dos o más contendientes a discutir coram populo sus puntos de vista. No vale ninguna cortapisa. Los debatientes no tienen por qué ser los líderes máximos de sus partidos; pueden ser representados muy bien por sus escuderos. También podrían contender comentaristas o cualesquiera personas que tuvieran algo que decir, acomodándose al partido correspondiente. El medio organizador del certamen ya se preocupará de que los oradores seleccionados sean de interés. Por ejemplo, en su día, antes de que Podemos fuera Unidas Podemos y de que tuviera representación parlamentaria, su líder apareció en un debate televisivo. Lo aconsejaba el interés público y fue una decisión acertada. Por lo mismo, ahora es un contradiós que el jefe de Vox haya sido excluido de dos sonados debate televisivos, en el que han aparecido los líderes de otros partidos nacionales. El hecho de que Vox haya dispuesto candidatos en las 52 circunscripciones es la condición básica para participar en un debate de alcance nacional. En cambio, resulta disparatado que hayamos visto en un debate de esas características a personas que aspiran a representar a un partido en tres o cuatro provincias. Lo más notable es que esos representantes no se consideran españoles, como tampoco lo es el partido de su adscripción, claramente separatista. Claro que el vicio está en el origen, pues esos representantes de los partidos separatistas ya han ocupado escaños en el Congreso de los Diputados. Parece un desmesurado privilegio, pues el Congreso sirve para representar a todos los españoles.

Bien es verdad que la exclusión de la voz de Vox en un debate nacional beneficia de modo latente a ese nuevo partido. El veto que le ha puesto el Gobierno (a través de un organismo colegiado) ha sido coherente con la sistemática política de muchos medios de ningunear a Vox a lo largo de la dilatada campaña electoral. Es algo que no ha podido pasar inadvertido a los eventuales votantes. Vamos a ver qué efectos produce esa cacicada.

Sea cualquiera el número y calidad de los debates, la gracia está en que no se reglamenten sus intervenciones hasta el cansancio. Es mejor que los oradores se hallen sentados cómodamente y no de pie ante unos atroces atriles. Nada de marcar rígidos bloques temáticos, ni mucho menos limitar los minutos y segundos de cada intervención. Un buen debate no debe parecerse a un interrogatorio o a unos pequeños discursos sucesivos, sino a una conversación. Lo peor de todo es que se llegue a la situación de una jaula de grillos, cuando dos o más interlocutores hablan a la vez. En resumen, los debates al uso no se parecen mucho a esas líneas maestras que digo, que no son más que la expresión del sentido común.

Lo más importante es que el jefe de Gobierno no debería tener la potestad de convocar elecciones generales, que pasarían a celebrarse en una fecha fija. Otrosí, el jefe del Gobierno no debería dar la impresión de que es el dueño de Televisión Española ni de que puede vetar la presencia de un político destacado en el debate electoral. Si para ello hay que cambiar la Constitución, cambiémosla. Somos muchos los que ya no estamos de acuerdo con ella. La democracia puede avanzar todavía mucho más.

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