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La culpabilidad de Pakistán

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La responsabilidad de las autoridades de Pakistán en las actividades terroristas de los grupos fundamentalistas islámicos no puede seguir ocultándose bajo la distinción que el presidente de ese país, general Parvaez Musharraf, hace entre terrorismo y la “jihad” de liberación de tierras supuestamente musulmanas. Los mismos combatientes que hacen la jihad en Kachemira intervienen en los asuntos de otros estados asiáticos por medios terroristas. Y no se trata de grupos, sino de decenas de miles de individuos, armados en su día por la agencia de Inteligencia Interservicios de las fuerzas armadas, y bajo su control, al menos dentro de Pakistán.

La estrecha unión de los mujaidines con el ejército se puso en evidencia en 1999, cuando éste les tomó el relevo en su hostigamiento a la India. En efecto, el ejército pakistaní entró, durante el verano de 1999, en el territorio de Kargil, una parte de Cachemira. El ejército traspasó la Línea de Control oficialmente establecida por las Naciones Unidas y ocupó algunos cientos de kilómetros cuadrados de territorio. Los ejércitos de Pakistán y la India chocaron una vez más, pero los indios rechazaron el ataque. Esto constituía una agresión en toda regla contra otro estado, pero no causó toda la alarma internacional que el asunto merecía. La intervención había sido preparada por Musharraf a espaldas del primer ministro Sharif, elegido democráticamente. Cuando éste, el 12 de octubre de 1999, dio órdenes de que se suspendiese el ataque, al día siguiente Musharraf le dio un golpe de estado. Este general ha renunciado a cualquier vía negociada para la solución del problema de Kachemira, y declara que la “liberación” de ese territorio es hoy un asunto de la jihad.

Musharraf no parece un hombre a la altura de la tarea que se ha impuesto: gobernar una nación socialmente primitiva, donde los grupos armados privados controlan gran parte del cuerpo político del país y con élites democráticas y liberales muy débiles. El liderazgo del propio partido de Sharif se volvió contra él después del golpe de estado, y sólo la presión del presidente Clinton cuando viajó a Pakistán el pasado año evitó que fuera ejecutado.

Con menos carisma que otros generales-presidentes del pasado, como Ayub Jan y Zia-ul-Halk, Musharraf se contenta con ser el “jefe ejecutivo” del país. Es el último alto militar que ha podido recibir alguna influencia de los ejércitos occidentales; parte de su formación militar la recibió en Inglaterra. Sus compañeros de armas prácticamente habían cesado los intercambios con centros militares de Estados Unidos, una vez que la guerra afgana contra los soviéticos se terminó y Pakistán emprendió el camino del armamento nuclear. Consecuencia de esto es una falta de influencia política de occidente sobre la institución que ha gobernado el país la mitad del tiempo desde la independencia. Hombre no del todo desprovisto de ambiciones de estadista, manifestó recientemente su admiración por Kemal Ataturk, el padre de la revolución laica de Turquía en los años veinte. No tardaron los mulàs pakistaníes en pronunciarse contra tales ideas, amenazando con una revolución religiosa. El liderazgo religioso de Pakistán no se contenta con el carácter constitucionalmente islamizado de Pakistán; también exige que se prive de libertad a los grupos de creyentes de comunidades religiosas disidentes.

El bloque religioso “ortodoxo”, de enorme implantación social, desea la guerra con Estados Unidos, mientras que el gobierno necesita el apoyo y los créditos de los organismos internacionales para mantener solvente su deuda externa de 38.000 millones de dólares y así dar alguna esperanza a la economía. Es evidente que la acción de los talibanes y de la jihad es bloquear cualquier intento de modernización de Pakistán que pueda interpretarse como una dependencia respecto de los “infieles”. Tal “peligro” de dependencia fue denunciado por los radicales cuando Clinton trató de mover a Pakistán a firmar el tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares. El mayor partido islamista, Jamaat-el-Islami, movió una campaña de opinión en que 15 millones de personas pudieron manifestarse a favor o en contra de abandonar el programa nuclear, y el 98% lo respaldó. Una de los móviles del golpe contra Sharif fue precisamente la disposición de éste a firmar el tratado.

La autoría de las fuerzas armadas pakistaníes en la creación y control del movimiento extremista de tipo islamista, su programa nuclear, cuando el país no cuenta con una tradición de gobiernos democráticos, y sus tendencias agresivas demostradas, hacen de Pakistán un caso de estado perturbador del sistema internacional, que debería recibir no sólo la atención y presión por parte de los Estados Unidos sino también de la Unión Europea.

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