Antonio Fuentes Bujalance. Magistrado y presidente de la gestora territorial en Andalucía del Foro Judicial Independiente
El título de estas líneas puede parecer algo rocambolesco, y lo es; pero ciertamente existe una íntima relación entre las tres citadas “variables”. Hace unas semanas, con motivo de una de mis múltiples reuniones para tratar temas concernientes a uno de los asuntos que se tramitan en mi juzgado, me comentaba un letrado que su cliente, un inversor extranjero, estaba absolutamente indignado ante la tardanza en la resolución de la cuestión litigiosa en la que estaba inmerso.
El sufrido justiciable no podía entender qué ocurría, y el también sufrido letrado era incapaz de explicarle que es así como en este país funciona la justicia. Ante ello, la reacción de este inversor fue la de perjurar que se lo pensaría muy mucho antes de invertir de nuevo en España y que intentaría persuadir a otros de los peligros que ello conlleva. Posiblemente ese inversor finalmente decida no invertir más, y posiblemente también provoque que otros tampoco lo hagan. Con ello, se habrá perdido la posibilidad de crear puestos de trabajo y riqueza.
La justicia en España siempre ha sido la hermana pobre de las administraciones. Nunca ha llegado su momento, y es que, según dicen, la justicia no da votos. Seguramente sea cierto, pero les aseguro que una administración de justicia ágil, eficaz e investida de absoluta independencia en sus instituciones y servidores, genera empleo.
Un país donde su justicia funciona, aporta una credencial de enorme valor y prestigio dentro de esas variables que manejan los inversores a la hora de tomar sus decisiones, pues si al menos se tiene la seguridad de un buen funcionamiento de la justicia, siempre se podrá recurrir a ella. Al fin y al cabo, somos ya el último reducto que le queda al ciudadano para la defensa de sus derechos, aunque sin duda nuestra contaminación haya empezado a determinados niveles. No podemos negar la evidencia.
España, en esta materia, no está en la mejor situación. En un reciente estudio sobre la competitividad de los países del Foro Económico Mundial, analizando el aspecto de la independencia judicial, España se sitúa en el puesto 56, por detrás de países como, por ejemplo, Gambia, Namibia o Estonia (¡sí, han leído bien!), y con la misma puntuación que, por ejemplo, Nigeria (¡que sí, Nigeria!). En cuanto a los primeros de la lista, encontramos países como Suiza, Alemania, Dinamarca ¿qué casualidad verdad?
Junto a todo lo expuesto, ya no cuela el argumento tan manido de que los jueces trabajan poco. Esa teoría se ha usado tanto que se ha desgastado ya. De los últimos datos de los que se disponen, en el año 2008 los jueces y magistrados españoles ahorraron (sí, sí: “ahorraron”), al Estado unos 6 millones de euros, debido a su sobreesfuerzo no recompensado; es decir, trabajando muy por encima de lo que se nos exige, llegando a retribuir con años de retraso esas “horas extras”, con alrededor de unos 5,5 euros/hora (la famosa productividad). Sobran más comentarios.
Pues bien, la gran mayoría de los problemas de la justicia se arreglan invirtiendo en ella (aparte de actuaciones contundentes contra su politización). Que nadie les engañe, no hay varitas mágicas. Imaginen que un cirujano sólo puede operar 5 pacientes al día, pero su lista es de 15; podrá hacer un esfuerzo y operar a 7, con rebaja de la calidad en su atención y los riesgos que ello conlleva. No obstante todavía quedarán 8 más, y así día tras día. ¿Solución?: más quirófanos y más cirujanos. Hay otras soluciones pero prefiero ni pensarlas. Igualmente podremos cambiar a los pacientes de sitio, cambiarles los nombres, o simplemente pasearlos por las distintas plantas del hospital. Pero lo que necesitan es ser operados, y para eso sólo hay un cirujano y un quirófano. Así de sencillo.
¿Y qué tiene que ver el clítoris en todo esto? Verán como sí. No habrá a estas alturas ninguna persona que no conozca el famoso “mapa del clítoris” impulsado por la señora ministra de Igualdad, sesudo estudio que ha costado cerca de 27.000 euros. Con ese dinero se podría haber logrado que en algún juzgado de España se hubiese aprobado algún refuerzo, al menos para evitar que algún pleito no retrasase tanto su solución; y a lo mejor, incluso se podría haber salvado algún puesto de trabajo, alguna pequeña empresa, o los intereses de algún justiciable al haberse acelerado su pleito, vamos… al habérsele dispensado la justicia que merece.
La política es el arte de optar, pero de optar por aquello que más conviene al bienestar de tu pueblo. En este caso la opción ha sido el clítoris (y otras tantas y tantas cosas por el estilo). Ojalá algún gobernante algún día entienda que hay una opción mucho mejor para España: la justicia; eso o, al menos, que se impulse un “mapa del pene”, que también debe haber algunos en España y complementaría al anterior. Completemos el estudio (lo siento…, he dado una idea). Sin duda será una información de suma relevancia para cualquier inversor o emprendedor, conocer con precisión la densidad y características de clítoris y penes, según qué zonas.