Fernando de Rosa Torner. Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial
"Todos tenemos en la memoria casos en los que una conexión adecuada entre Juzgados hubiera podido contribuir a evitar resultados dolorosos para la sociedad española. Asimismo, no es fácil entender que las tecnologías que son habituales en diferentes sectores de la vida social (comunicaciones electrónicas, expediente digital, sms…), todavía no son de uso cotidiano en la Justicia. Y, resulta aún más difícil comprender la razón por la cual la Ley 11/07, que impulsa el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, no es directamente aplicable a la Administración de Justicia.
El pasado 30 de septiembre se aprobó el llamado “Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad”, un paso decisivo para aprovechar las grandes ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías en la Justicia. Los que venimos trabajando desde hace años en esta materia tenemos la percepción de que estamos en el buen camino, que hemos encontrado el motor del cambio y lo hemos puesto en marcha. Siguiendo este símil, entre todos tenemos que ser capaces de mantener ese motor y conducirlo en la dirección adecuada: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.
Quisiera destacar el importante papel que desempeñan las CCAA en este cambio tecnológico, unido al notable esfuerzo que han venido realizando para establecer sistemas informatizados de gestión procesal y otros modernos instrumentos para mejorar el servicio.
Siguiendo el camino marcado en el ámbito internacional, la idea clave es la interoperabilidad. Reconozco que no es fácil entender el alcance de un término que ni siquiera se encuentra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Como ocurre en otros ámbitos sociales y económicos (entidades financieras, mercado de billetes aéreos), la Justicia también tiene que convivir con distintos sistemas tecnológicos. La interoperabilidad permite que esos sistemas, manteniendo su identidad y características específicas, compartan los datos e intercambien la información que precisen.
Así, todas las entidades implicadas prestarán conjuntamente una serie de servicios a los Juzgados y Tribunales del Estado, posibilitando que éstos puedan acceder con agilidad a los datos que necesiten para su trabajo, ya sea mediante la interconexión con otros órganos judiciales, o bien con los sistemas de información de Administraciones o profesionales (Seguridad Social, Hacienda Pública, Abogados y Procuradores, Tráfico,…). También permitirá poner a disposición de los ciudadanos los servicios de acceso a la información a la que tienen derecho en su relación con la Administración de Justicia.
La viabilidad de este nuevo “esquema” exige unas inversiones suficientes por parte de las entidades públicas responsables, destacando que el Ministerio de Justicia se ha comprometido a vincular una serie de fondos al proyecto.
Estoy convencido de que, con la colaboración de todos, conseguiremos seguir avanzando para que las nuevas tecnologías sean de uso cotidiano en la Justicia, reduciendo considerablemente la utilización de papel, permitiendo una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos y, en definitiva, mejorando la calidad del servicio prestado a los ciudadanos".