Cualquier investigación seria sobre el desarrollo económico latinoamericano arroja resultados lamentables. En la década de los 90, los campesinos latinoamericanos emigraban al extranjero en búsqueda de un nivel de vida aceptable, mientras que en el nuevo siglo observamos un creciente número de profesionales y ejecutivos latinoamericanos emigrando por las mismas razones. Es decir, el empobrecimiento se ha democratizado, afectando a la clase media y también a familias que antes se consideraban ricas.
La región pierde capital humano aceleradamente. Disminuye el influjo de capital privado en forma de inversiones directas. Aumenta la fuga de capitales nacionales buscando protección contra la inflación, devaluaciones y los “corralitos” (es decir, al despojo oficial de la propiedad privada), mientras los gobiernos tratan de llenar el vacío con préstamos de los organismos multilaterales que tienden a fomentar la corrupción, a posponer decisiones políticas difíciles y a hipotecar el futuro de las nuevas generaciones.
Junto con los préstamos del FMI se imponen aumentos de impuestos que, al reducir los incentivos al trabajo y la inversión, incrementan el desempleo y agravan la enfermedad latinoamericana.
Es una tragedia que está a la vista de quien se moleste en leer la prensa, pero nuestros gobernantes y políticos siguen luchando contra enemigos imaginarios. Ayer era el imperialismo que nos obligaba a intercambiar materias primas baratas por productos manufacturados caros. Hoy es la globalización, los subsidios agrícolas de los países ricos y las “asimetrías”.
El verdadero problema latinoamericano es bastante más profundo y mucho más difícil de combatir porque los enemigos del bienestar y la prosperidad son las instituciones mismas: nuestros gobiernos, nuestras leyes, nuestros sistemas judiciales politizados, nuestras constituciones y una educación pública que a lo largo de varias generaciones ha deformado la manera de pensar y de actuar de la ciudadanía. Lejos de promover la responsabilidad individual, la propaganda política en la educación pública enseña a los niños que el gobierno es el tío rico y bondadoso que siempre estará allí para ayudarles, cuidarlos y hacer posible su felicidad. El problema, claro está, es que el gobierno sólo puede darnos lo que le quita a otro.
El fondo del mal latinoamericano es que tanto los políticos y funcionarios como la mayoría de los electores ignoran el verdadero papel de la constitución y las leyes. La constitución no debe ser una piñata ni los políticos y funcionarios los encargados de distribuir juguetes y caramelos. La constitución tendría que ser un documento breve y preciso, que defienda los derechos naturales del ciudadano de los abusos de autoridad de los gobernantes. Las leyes deben ser muy pocas, también claras y de aplicación general, en lugar de miles de páginas de regulaciones que resultan del forcejeo político en busca de privilegios para grupos de presión, en perjuicio de la mayoría.
El inmenso crecimiento de los gobiernos latinoamericanos es el resultado de la concentración del poder político y económico en manos de políticos y burócratas. De allí provienen las decisiones que nos empobrecen, con la concesión de privilegios especiales a grupos sindicales y empresariales que utilizan sus conexiones políticas para destruir la competencia, lo cual golpea la libre iniciativa y elimina la libertad de elegir de los ciudadanos. Los salarios mínimos producen desempleo; los altos impuestos del estado bienestar impiden el ahorro, mientras que los servicios públicos recibidos a cambio son infames y cada día peores; los controles de precios producen escasez; la politización del sistema monetario empobrece a la ciudadanía entera y fomenta la huída de capitales, mientras que la redistribución de la riqueza ha sido el mayor de los fraudes porque sólo los políticos y sus amigos se han beneficiado.
Los latinoamericanos tenemos la costumbre de copiarnos sólo las malas políticas de los países industrializados, los cuales jamás hubieran logrado desarrollarse si siendo todavía pobres las hubiesen puesto en práctica. Además, regulaciones y licencias para todo es lo que convierte en ricos y poderosos a políticos y funcionarios, pero sólo desarmando esa pesada estructura gubernamental y exigiendo amplia libertad económica podrán los latinoamericanos dar un vuelco hacia la prosperidad y el bienestar.
Carlos Ball es director de la agencia © AIPE y académico asociado del Cato Institute.
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