Cuando escribo estas líneas, el paro cívico general declarado por las amplias fuerzas que se oponen al presidente Hugo Chávez ha cumplido ya nueve exitosas jornadas. Decidido por las federaciones sindicales y empresariales de alcance nacional –CTV y Fedecámaras– y por un vasto aglomerado de partidos políticos y de organizaciones civiles que se reúnen en la llamada Coordinadora Democrática, la huelga general ha ido extendiéndose gradualmente hasta abarcar los críticos sectores del petróleo y de las empresas estatales. El paro, además, es activo: miles de venezolanos salen a manifestar todos los días, pacíficamente, en Caracas y decenas de ciudades del interior, haciendo sonar sus cacerolas y ondear sus banderas para expresar su repudio al presidente Chávez y su proyecto de orientación castrista, para exigir su renuncia inmediata, para manifestar su dolor ante las víctimas que están produciendo las acciones de los grupos armados que son dirigidos desde el propio gobierno.
Porque el paro, que comenzó con ciertas vacilaciones, ha ido creciendo en fuerza y decisión impulsado –entre otras cosas– por la actitud cada vez más agresiva de Chávez y sus seguidores, que han enviado a la Guardia Nacional a reprimir manifestaciones pacíficas y están militarizando el país, aumentando el descontento de la ciudadanía. Lo más lamentable ha sido que francotiradores plenamente identificados con el alcalde Bernal, chavista desorbitado, mataron la semana pasada a tres personas de las que protestaban en la Plaza Altamira, entre ellas a una joven de 17 años, hiriendo además a decenas.
Mientras tanto ha proseguido la militarización de Venezuela: ya la Policía Metropolitana está controlada por el ejército y las fuerzas armadas tratan de hacerse cargo de las operaciones de la petrolera estatal PDVSA, aunque sin éxito alguno. Los suministros de petróleo al exterior ya han cesado y la escasez de combustible se hace sentir en Caracas y es crítica en algunas regiones del interior.
Pero Chávez, observando que estas medidas sólo han logrado profundizar una acción de protesta que se hace indetenible, ha decidido entonces apelar a sus últimas cartas: como ya no tiene más tropas para asumir el control de las empresas y reprimir a la oposición, como pierde apoyo rápidamente en la comunidad internacional, ha dispuesto que sus más fieles seguidores –algunos pocos miles en realidad– se dirijan contra los medios de comunicación. Han asaltado y saqueado varias emisoras de radio y televisión en el interior del país y realizado violentas manifestaciones frente a los principales canales de televisión en Caracas; han lanzado artefactos explosivos a la sede de los medios y amenazado de muerte a centenares de periodistas. Su propósito no es otro que amedrentar a los medios de comunicación, sembrando el terror, con acciones muy similares a las que emplearan en otros tiempos Benito Mussolini y sus fascistas.
Pero ya no vivimos en los años 20 y nadie en Venezuela está dispuesto a dejarse arrollar por esas tenebrosas bandas armadas. Son millones los trabajadores, empresarios y ciudadanos de toda condición que están dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias para conservar su libertad y no navegar hacia el mentiroso “mar de felicidad” con que Chávez describe a la dictadura cubana que pretende emular. Todo parece indicar que vivimos las últimas horas del chavismo, que pronto –muy pronto– este curioso aprendiz de dictador se verá aislado hasta tal punto en que tendrá que abandonar el poder. No tiene los medios económicos que le proporcionara el petróleo, no tiene el apoyo de las mayorías que hasta hace dos o tres años creyeran sus mentiras y va quedándose sólo a una velocidad vertiginosa. Sólo cabe esperar que el desenlace no sea demasiado cruento y que la comunidad internacional, por una vez, comprenda los riesgos de apoyar a los dictadores disfrazados de demócratas.
Carlos Sabino es corresponsal de la agencia AIPE en Caracas.
© AIPE
En Opinión
Servicios
- Radarbot
- Libro