Creía que en un Estado de Derecho las normas se aprueban para ser cumplidas. Creía que las garantías que se prevén en una democracia para proteger los derechos de los ciudadanos, salvaguardar la publicidad de la actuación política y proporcionar un mínimo de seguridad jurídica debían ser respetadas. Creía que aquellas personas que desempeñan responsabilidades públicas eran las primeras llamadas a cumplir ejemplarmente la normativa que regula sus actuaciones. Pero parece que algo está cambiando en España. El "uso alternativo del Derecho", tan defendido desde sectores de la izquierda, está alcanzando ya límites insospechados. La "interpretación flexible de las normas" se está convirtiendo, lisa y llanamente, en la justificación de su incumplimiento. Pensemos en las normas que regulan el día de reflexión previo a las elecciones, en las que se refieren a la constitución de Grupos parlamentarios en las Cámaras, y en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Espero que los cambios anunciados no sean tan radicales como para que nuestro Estado de Derecho deje de serlo.
La LOCE y todos los Decretos que la desarrollan se han dictado al amparo del artículo 149.1.30 de la CE, que habilita a la Administración central del Estado para aprobar la normativa básica que afecte al sistema educativo español. En numerosas ocasiones se ha referido nuestro Tribunal Constitucional al ejercicio de esta competencia, y ha afirmado que el calificativo de "básico" tiene la finalidad de "asegurar, en aras de intereses generales superiores a los de las Comunidades Autónomas, un común denominador normativo". Es más, las competencias estatales pueden no agotarse con la fijación de las bases, sino que también pueden comprender la de coordinación del sistema educativo. Las Comunidades Autónomas, en consecuencia, están obligadas a aplicar la normativa básica estatal, y sólo podrán desarrollarla en el marco previsto en las disposiciones que la conforman.
Muchos de los compromisos que asumió el PSOE se formularon en la confianza de que no iba a llegar a formar Gobierno. Pero si ahora quiere respetar todo lo que se dijo al frente de las manifestaciones callejeras, debería modificar esta normativa básica, y tendrá que presentar un Proyecto de Ley Orgánica en el Parlamento, que requerirá su aprobación final por mayoría absoluta del Congreso después de un procedimiento que incluye su paso por el Senado y que duraría, como mínimo, dos meses. Entre tanto, lo único que podría hacer es modificar o derogar alguno de los Decretos de desarrollo de la Ley, por medio de la aprobación de otro Decreto por el nuevo Gobierno. Mientras esto no suceda, cualquier ciudadano español está vinculado por esta normativa y, con mucha más razón, alguien que ocupa un cargo en el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma. El incumplimiento de una ley que, como en este caso, puede causar perjuicios a terceros, lleva consigo responsabilidades jurídicas, no sólo civiles sino incluso penales, además de las responsabilidades políticas que deberían depurarse en los órganos legislativos autonómicos.
Carlos Vidal Prado es profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED.