Con la salida de Junts del Gobierno de Cataluña, el que más beneficiado ha salido a corto plazo es Pedro Sánchez, porque podrá utilizar el "comodín", nunca mejor dicho, del PSC, para tener más controlado a su por otra parte socio indispensable en el Congreso de los Diputados: ERC.
Pere Aragonés necesita del PSC para poder seguir al frente de la Generalitat —cosa que hasta el pasado viernes no era necesario— y Sánchez podrá seguir contando con ERC en Madrid, pero desde una posición de mayor debilidad por parte del partido de Junqueras.
De momento no hará falta la formalización del tripartito de izquierdas, que hubiera sido el gobierno más lógico tras las últimas elecciones autonómicas catalanas celebradas en febrero del pasado año. Entonces, la disputa del liderazgo en el campo independentista entre ERC y Junts "obligó" a estos dos partidos a entenderse y formar un gobierno de coalición que ya nació bastante lastrado y con muchas reticencias mutuas.
Pero habiendo sido los de Junts los que se han ido de ese gobierno, el camino queda abierto al tripartito de izquierdas —ERC, PSC, Podemos— que se visualizará, de momento, en las votaciones importantes en el Parlamento, como puede ser la aprobación de los Presupuestos de Cataluña para el próximo año.
En el proyecto de Sánchez de desmantelar el orden constitucional de 1978 sus aliados principales desde que llegó al poder han sido ERC y Bildu; es decir, una de las patas del independentismo catalán que intentó dar un golpe de Estado en 2017 y los herederos políticos de ETA. Con ambos quiere el actual Presidente gobernar en Cataluña y en el País Vasco. Un tripartito de izquierdas en cada una de estas dos Comunidades Autónomas, que impulse un modelo de pertenencia a España distinto al actualmente vigente y que lógicamente debería satisfacer las aspiraciones independentistas tanto de ERC y Junts, como de Bildu y el PNV. Esta es una de las razones del gran interés que tiene Sánchez en la renovación urgente del Tribunal Constitucional. No quiere que esta Institución sea, llegado el caso, un impedimento para su proyecto de una España, como él mismo ha dicho en diversas ocasiones, plurinacional o en la que se pueda considerar que hay diversas naciones distintas a la nación española.
La espantada de Junts allana el camino a Sánchez para ir configurando este tripartito de izquierdas en Cataluña, liderado por ERC, pero con la colaboración indispensable del PSC. En el País Vasco, la situación es diferente porque Bildu no está actualmente en el Gobierno Vasco. Es el PNV quien gobierna en Ajuria-Enea, apoyándose en la muleta del PSE y las próximas elecciones autonómicas no tocan hasta la primavera de 2024. Esto quiere decir que las elecciones generales serán antes que las vascas, y en el supuesto de que Sánchez las pierda y tenga que abandonar el poder, será muy difícil que en el proceso de reconstrucción de lo que quede del PSOE después de su derrota en las urnas la nueva dirección socialista dé el visto bueno a un posible pacto con los herederos políticos de ETA para gobernar en el País Vasco, siempre que el resultado de las elecciones vascas lo permitiera.
La situación nueva que se crea en Cataluña tras la salida del partido de Puigdemont y en menor medida la del País Vasco deberá ser administrada con mucha cautela por Sánchez, ya que en un periodo electoral como el que ya se está viviendo, fuera de Cataluña y del País Vasco, podría hacer mucho daño a los candidatos socialistas en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos, que se visualizara en exceso un entendimiento con los independentistas de ERC o con los herederos políticos de ETA. Sánchez necesita a ambos, pero también debe velar por sus propios intereses: un batacazo del PSOE en las municipales y autonómicas de mayo del próximo año sería el preludio de su derrota ante el PP de Feijóo en las generales de finales de 2023.