El caso del fraude fiscal del flamante ministro de Cultura podría no haber tenido consecuencias. Porque la excusa oficial que ha adoptado tiene algo de verdad: durante años, cuando no décadas, Hacienda hizo la vista gorda a tributar a través de una sociedad lo que eran rendimientos del trabajo individual mientras no se fuera demasiado descarado. Cuando llegó Montoro se empezó a perseguir lo que se había permitido para poder recaudar más y Hacienda se esforzó en cazar a todos a los que pudo: de estrellas del fútbol a famosos periodistas televisivos. Personas que, dado el dinero que ganaban, confiaban sus asuntos fiscales a asesores y confiaban en lo que les decían.
El problema es que la izquierda toda, con la complicidad silente de la mayor parte de la derecha y la activa del vampirismo montoril, ha convertido el fraude a Hacienda en una cuestión moral. Siempre dispuestos a comprender a Otegi y sus compañeros en el crimen y a procurar que los peores criminales no tengan que pasar el resto de su vida en la cárcel, intentar pagar lo menos posible al fisco del dinero legítimamente ganado se convirtió en el peor de los delitos concebibles. Se ha aplaudido con las orejas las masivas y sucesivas violaciones de la intimidad, desde Falciani a Panamá, que se han cometido con impunidad siempre y cuando permitieran desvelar algún dinero que no hubiera tributado lo que Montoro considerara que debía haber tributado. Han hecho de la amnistía fiscal del PP, tan parecida a las que hiciera el PSOE en su día, una causa digna de dimisiones inmediatas. Y, sin embargo, este miércoles han empezado, desde el ínclito Ferreras al último socialista, a comprender las razones de Màxim Huerta y absolverlo de toda culpa.
No se trata en este caso de dictaminar si realmente el pasado de Huerta lo descalifica como ministro, sino si lo descalifica como ministro socialista, con todo lo que han dicho los socialistas estos años sobre el fraude fiscal. Todos los aciertos de Pedro Sánchez con los nombramientos de su mediático gabinete o su exhibición de pornografía sentimental con la subasta de náufragos podrían quedar en agua de borrajas ahogados en la demagogia que ellos mismos y sus terminales mediáticas se han encargado de alimentar durante los años de la crisis.
Si Huerta no dimite, como debería para mantener cierta coherencia con una de las pocas ideas claras que ha mantenido la izquierda en la oposición, quizá podríamos albergar cierta esperanza ingenua en que a partir de ahora en España se volviera a considerar a Hacienda como se había hecho desde tiempos bíblicos: como el enemigo de todo ciudadano de bien. Pero desgraciadamente no será así: nuestra izquierda, si no tuviera un doble rasero tan flagrante, no tendría rasero alguno. En España no hay mejor manera de dedicarse profesionalmente a la política que ingresar en un partido de izquierdas: todos tus pecados, y hasta tus delitos, serán exculpados por la misma masa enfurecida que dos minutos antes los consideraban lo más grave que había sucedido en el mundo desde que Adán mordió la manzana. Por eso Huerta intentará no dimitir y Pedro Sánchez no lo cesará mientras su factótum Iván Redondo no le diga lo contrario: saben que cuentan con la complicidad de los principales medios de comunicación del país y que con eso basta. Pero la mayor parte de la opinión pública ha tragado demasiado tiempo con la demagogia fiscal como para virar tan rápido como han hecho sus líderes políticos y mediáticos. E incluso con la indulgencia de la Hacienda pre-Montoro resulta muy difícil vender como un error de buena fe intentar pasar como gasto de sociedades un piso en la playa.
Si el ministro de Cultura no dimite este mismo miércoles, Pedro Sánchez habrá cometido su primer gran error en el único aspecto en el que parece estar trabajando: el de la imagen. El doble rasero tiene un precio. Y cuanto más tarde en pagarlo, más capital político consumirá de cara a las próximas elecciones.