El Congreso de los Diputados rechazó el pasado jueves el decreto ley con que el Gobierno pretendía adaptar el negocio de la estiba portuaria a los requerimientos de la Unión Europea. El Ejecutivo de Rajoy cosechó así una importante derrota parlamentaria, que obliga a seguir negociando para liberalizar un sector anacrónico en el que perviven todo tipo de privilegios monopolísticos incompatibles con la libertad de empresa y de contratación vigente en todo el territorio de la UE.
Con este rechazo a un decreto razonable, que solo pretendía eliminar las trabas injustas que impone un monopolio sindical, se ha puesto de manifiesto el desprecio a los intereses generales por parte de una clase política que prefiere seguir dedicada a ponerse zancadillas parlamentarias, en el marco de una estrategia de enorme cortedad de miras.
Ciudadanos, el partido que en su último congreso se declaró eminentemente liberal, provocó con su abstención el rechazo de este decreto de liberalización. A pesar de las constantes proclamas de Albert Rivera para poner sus votos al servicio de los intereses generales por encima rencillas partidistas, lo cierto es que Ciudadanos ha dado al traste a la primera de cambio con el intento de modernizar un sector esclerótico cuya liberalización, precisamente, figura de manera expresa en el programa con que la formación naranja concurrió a las pasadas elecciones.
El PSOE, por su parte, sigue debatiéndose entre convertirse en una formación socialdemócrata con aspiraciones de Gobierno o avanzar hacia la marginalidad populista para arañar unos cuantos votos a Podemos. No es extraño que en este asunto en cuestión, que interpela directamente el compromiso ideológico de los socialistas con la modernización de un sector clave de la economía, hayan decidido ponerse a favor de una casta privilegiada y en contra de la igualdad laboral.
Otro tanto cabe decir de los diputados podemitas, cuyo apoyo a un sistema de privilegios creado durante el franquismo, en el que se producen todo tipo de agravios también por razón de sexo, pone de relieve la vergonzosa hipocresía de un movimiento liberticida que jamás desperdicia una ocasión para enfangarse en el más grotesco populismo.
Pero la principal responsabilidad en este asunto concreto recae, naturalmente, en el Partido Popular. Mariano Rajoy y su entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, pudieron liberalizar la estiba y cumplir así con la normativa comunitaria durante la pasada legislatura, pero no lo hicieron, a pesar de disfrutar de una holgada mayoría absoluta. De hecho, los populares no sólo no atendieron los requerimientos de la Comisión Europea al respecto, sino que incluso se pusieron del lado de los estibadores, ya que el Gobierno intentó frenar la reforma que hoy tanto defiende.
Unos y otros han puesto a España en la peor situación posible, al mantener un monopolio ilegal que amenaza con provocar fuertes pérdidas a nuestros puertos en beneficio de instalaciones portuarias extracomunitarias como Tánger, nuestro competidor directo en el Mediterráneo Sur.
Por si fuera poco esa traición, España se enfrenta a una multa millonaria, cuya cuantía inicial asciende a 134.000 euros diarios, pero que podría incrementarse en función de la gravedad y la reiteración del incumplimiento, a lo que hay que sumar todos los costes indirectos que supone mantener el monopolio vigente.
Pocas veces ha quedado tan meridianamente claro el desprecio de una clase política hacia los intereses generales de la Nación que dice representar. En el asunto intolerable del monopolio de la estiba, las principales fuerzas políticas han quedado perfectamente retratadas sin ninguna excepción.