Cuando en el seno del Congreso de los Diputados se crea una comisión de investigación, cuando en ella comparecen personalidades tan relevantes como el gobernador del Banco de España o el vicepresidente económico, uno espera que los trabajos de dicha comisión, sea cual sea el motivo por los que se llevan a cabo, sirvan para defender, y si es posible aumentar, el crédito de las instituciones. Con el caso Gescartera está sucediendo todo lo contrario.
Las sesiones de la comisión que investiga el caso Gescartera se iniciaron con una CNMV cuyo prestigio apenas podía ser más bajo. A estas alturas, y con la tanda de comparecencias recién concluidas, ese desprestigio se ha extendido a otras piezas básicas del entramado institucional de la economía española. El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, se permitió el lujo el pasado viernes de llamar poco menos que tontos a los ciudadanos que, con buena fe, habían depositado sus ahorros en la sociedad de Antonio Camacho, precisamente por haber confiado sus dineros a este personaje y a una gestora de inversiones más que sospechosa. Que eso lo diga el máximo responsable de la supervisión bancaria de este país, que fue, además, consejero de la CNMV hasta mediados de 1999 es poco menos que insultante. ¿Cómo iba a saber un ahorrador normal y corriente que Gescartera era lo que era si el órgano encargado de su supervisión no se lo advertía ni tomaba las medidas que, en buena lógica, se deberían haber adoptado con los datos que se poseía en abril de 1999 acerca de las irregularidades cometidas por Camacho y sus amigos? Si el gobernador del Banco de España se toma tan a la ligera lo que ha pasado con la CNMV y Gescartera, es legítimo pensar qué no puede suceder con las instituciones crediticias cuya supervisión le corresponde a la institución que él preside.
Por si no fuera bastante con esto, a continuación llegó el secretario de Estado de Economía, José Folgado, y echó más leña al fuego al decir que el ascenso de Gescartera a agencia de valores era un castigo cuando la realidad es justo la contraria: una agencia de valores opera con bastante más libertad que una gestora de inversiones y tiene más posibilidades de ganar dinero. Y eso lo dice la persona de quien depende orgánicamente la CNMV.
Para rematar el descrédito, el lunes, el vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, dijo que lo de Gescartera no era ni mucho menos grave porque afectaba tan sólo al 0,015% del ahorro gestionado por las instituciones financieras. Desde luego, para quien haya perdido su dinero a manos de Camacho ese porcentaje probablemente esté muy próximo al cien por cien de su ahorro, conseguido con bastantes sudores y esfuerzos. Pero el problema, además y sobre todo, no es de porcentajes sino de que ha fallado el entramado institucional encargado de velar porque lo que ha sucedido en y con Gescartera jamás llegase a ocurrir. Esta vez han sido 18.000 millones de pesetas reconocidos y, probablemente, otros 80.000 millones más en dinero negro, pero el daño podría haber sido mucho mayor en términos económicos. Desde luego, en términos de crédito institucional ha sido muy grave porque la piedra angular sobre la que se sustenta el funcionamiento, bueno o malo, de los mercados financieros es la confianza del ahorrador en que las instituciones en las que deposita su dinero se lo devolverán; con ganancias o con pérdidas, pero se lo devolverán. Eso no ha sucedido con Gescartera por obra y gracia de la CNMV, lo que supone un quebranto de la confianza en el sistema financiero que no se arregla con esas doce medidas propuestas por Rato en la tarde del lunes, sino con una actuación firme de las instituciones y una renovación con fuerza de la confianza en las mismas que no se ha producido. Y para eso se ha creado una comisión de investigación. Vaya resultados.
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