El balance económico del primer año de la mayoría absoluta es una de cal y otra de arena donde se combinan aciertos y desaciertos. El equipo económico del Gobierno empezó la legislatura con fuerza. Así, el pasado 23 de junio aprobó un amplio e importante paquete de medidas de liberalización, que afectaban a sectores tan importantes como energía y telecomunicaciones. Sin embargo, la mayor parte de ellas debían desarrollarse a través de decretos y reglamentos cuya aprobación marcha con bastante retraso, con la excepción de la parte referente al mercado del gas. En cambio, lo que sí se ha puesto en marcha son las medidas fiscales para favorecer el ahorro.
En el terreno de la estabilidad macroeconómica sucede algo por el estilo. Este año se va a alcanzar el equilibrio presupuestario, tal y como prometió Aznar en su discurso de investidura, con lo que sienta unas bases sólidas para prolongar la actual fase de expansión económica. Además, el Ministerio de Hacienda ya ha presentado en el Parlamento la prometida Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que, en el futuro, las cuentas de las Administraciones Públicas no vuelvan a desmadrarse. En cambio, la inflación campa tranquilamente por sus respetos y, en vez de acercarse al objetivo del 2 por ciento, sigue cerca del 4 por ciento. Y como las liberalizaciones van con retraso y todavía no se ha abordado la reforma de la negociación colectiva, ahora el Gobierno se ve obligado a moderar y retrasar en el tiempo la reforma del Impuesto de Sociedades, con el fin de no echar más leña al fuego de las presiones inflacionistas.
En el ámbito de las reformas estructurales, el Ejecutivo ha completado la primera parte de la reforma del mercado de trabajo, la que afecta fundamentalmente a la contratación y el coste del despido. Queda la otra mitad, la que se refiere a la negociación colectiva, y aquí el Ejecutivo lo tiene claro: si no hay acuerdo, el Gobierno volverá a utilizar el Boletín Oficial del Estado. Con el Pacto de Toledo también se ha cumplido lo que prometió Aznar, y su reforma se ajusta bastante bien a los compromisos adquiridos por el presidente en su discurso de investidura. Sólo falta la promoción de los sistemas complementarios de pensiones, especialmente los planes de empresa, pero eso tiene que salir, en principio, de la mesa en donde los agentes sociales negocian la flexibilización de la negociación colectiva.
En el campo de las privatizaciones, Aznar se comprometió a continuar el proceso en esta legislatura y empezó con Iberia, si bien los errores y componendas del presidente de la Sepi, Pedro Ferreras, pueden crear problemas al Ministerio de Hacienda. También se han empezado a dar los primeros pasos para la privatización de Ence. Sin embargo, de Trasmediterránea nada se sabe, ni siquiera si el Gobierno tiene intención de desprenderse de su participación en la naviera pública.
Por último, el ministerio de Hacienda ya ha iniciado los trabajos preliminares para llevar a cabo la siguiente etapa de la reforma fiscal. Sus técnicos ya empiezan a diseñar lo que será el nuevo recorte del IRPF y la aplicación del tipo cero en el Impuesto de Actividades Económicas a las pequeñas empresas. También ha tenido los primeros contactos con las comunidades autónomas para reformar el sistema de financiación autonómica. Pero, la reforma del Impuesto de Sociedades, la primera que estaba prevista llevar a cabo, tendrá que esperar a que escampe el peligro de la inflación.
En este primer año, por tanto, se ha alcanzado un grado razonable de cumplimiento de las promesas hechas por Aznar en el discurso de investidura. Pero la ejecución de algunas de las medidas aprobadas se está retrasando y, sobre todo, el comportamiento de la inflación es justo el contrario de lo previsto.
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