Al final se cayó del guindo y pasó por el aro de crear la comisión de investigación. Y es que al caso Gescartera, el primer escándalo verdadero desde que el Partido Popular llegó al poder en marzo de 1996 no podía dársele el mismo carpetazo que, en su momento, el PSOE de Felipe González dio, con más o menos fortuna, a los casos de corrupción que saltaron, un día sí y otro también, durante los últimos tiempos de su largo mandato de trece años.
El 7 de septiembre habrá comisión de investigación, no subcomisión como en principio pretendían los populares y que no conducía a nada excepto al descrédito de un partido que ganó las elecciones de hace cinco años enarbolando bien alta la bandera de la honestidad y de la regeneración de la vida política. Pero no basta con eso. El PP ha dicho que la comisión durará tres meses prorrogables. Es inteligente por su parte, puesto que si se hubieran puesto límites estrechos y estrictos podrían haberse quedado muchas cosas en el tintero que deben salir a la luz. Pero algún final hay que ponerle para que los trabajos no se eternicen ni los ciudadanos se pierdan en una larga investigación de la que esperan que se arroje mucha claridad sobre un caso con tantas y tan importantes implicaciones que no se puede cerrar en falso ni con connivencias extrañas. Hasta ahí, todo bien: el PP se ha avenido a que la comisión dure tres meses, prorrogables.
Pero una comisión de esta naturaleza, como es lógico, no puede estar presidida por el partido en el Gobierno: siempre suscitaría dudas de parcialidad y de intentar favorecer al Ejecutivo. Por ese mismo principio, tampoco debería estar a su frente un partido afín al que ostenta el poder, y menos aún si ese partido depende del PP para gobernar en su ámbito territorial. CiU presidirá la comisión y CiU gobierna en Cataluña con el apoyo del Partido Popular. Así es que la independencia de la comisión, o mejor dicho, de su presidencia, de entrada ya está en entredicho, por mucho que los PP quieran situar a su frente a un convergente para dar esa sensación de independencia.
Los populares también quieren que el caso Gescartera se investigue desde 1992, cuando gobernaba el PSOE. Pero los trabajos de la comisión no deben circunscribirse a ninguna fecha. Sencillamente, hay que averiguar todo lo que ha pasado, empiece dónde y cuándo empiece y termine dónde y cuándo termine, caiga quien caiga, como dice Aznar. Y si hay que remontarse muchos años atrás en el pasado, debe hacerse sin ningún tipo de dudas. Pero lo que no puede admitirse es que si los hechos más graves del caso Gescartera han tenido lugar, como parece, durante el mandato del PP, éste ahora pretenda recurrir a la ya conocida táctica del PSOE de González de conectar el ventilador y poner perdidos de basura a todos para poder decir yo he pecado, pero el de al lado también. Eso puede ser verdad pero al Gobierno no le exime de las responsabilidades políticas que pueda tener en este caso, ni de las penales a alguno de los que han formado parte de él si es que las tiene. Eso tiene que quedar muy claro.
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