El “caso Gescartera” ya tiene todos los ingredientes de un culebrón. Una hermana de un secretario de Estado imputada, organizaciones e instituciones con dinero invertido con visos de querer blanquearlo, altos cargos de la supervisión financiera implicados y, por si la ensalada no estuviera completa, ahora aparecen dos compañías estadounidenses que no estaban registradas en la SEC –el equivalente norteamericando de la CNMV– a donde, al parecer, han ido a parar esos 18.000 millones de pesetas que no aparecían por ningún sitio. Por lo visto, la globalización también llega a los chiringuitos financieros.
Pilar Valiente, la presidenta de la CNMV, no ha tenido ningún inconveniente en explicar todo esto en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados. Y es que la CNMV parece que no podía hacer mucho para evitar este caso, debido a las presuntas falsedades en la documentación presentada por Gescartera y a unos auditores, los de Deloitte and Touche, que parece que no se han enterado de nada –luego vienen exigiendo que se rebaje la responsabilidad de los auditores–.
Es posible que la señora Valiente, que al hacer honor a su apellido quizá ni ella misma es consciente del berenjenal en el que se ha metido ni qué nombres pueden terminar saliendo a relucir a medida que se siga tirando del hilo, tenga razón al afirmar que la actuación de la CNMV ha sido todo lo impecable que se debe pedir a un organismo como el que dirige. Pero también es verdad que puede hacer una cosa. Me explico. El Gobierno está ultimando su ya famosa ley financiera, que incide especialmente en el refuerzo de todo lo relativo a la supervisión. Este es el momento en el que Pilar Valiente debería pedir que esas sanciones como la impuesta a Gescartera en su momento, se hagan públicas aunque no sean muy graves. Seguro que los inversores particulares cogidos en este asunto lo hubieran agradecido porque les hubiera permitido tomar sus decisiones con conocimiento de causa, esto es, quedarse sabiendo a lo que se exponían o coger su dinero y largarse, como aconsejaría el sentido común.
El Gobierno debería tener en consideración esta cuestión. Es posible que haya acallado su conciencia con la aprobación con carácter inmediato y efectos retroactivos. Pero la solución no pasa por dar dinero a los afectados por casos como el de Gescartera, sobre todo si en la lista hay instituciones como la Once o el arzobispado de Valladolid. Pasa porque los clientes de las sociedades de valores tengan este tipo de informaciones a su disposición. Eso, posiblemente, no impedirá que en el futuro vuelvan a aparecer chiringuitos financieros, pero lo hará más difícil sabiendo que cualquier irregularidad detectada se pondrá inmediatamente en conocimiento del público. La ley financiera es una buena ocasión para corregir ese error.
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