El mundo de las inmobiliarias, las constructoras y las concesionarias está muy revuelto. Unas y otras buscan ganar tamaño, mediante acuerdos o compras dentro y fuera de nuestras fronteras, para evitar sucumbir ante una OPA como la que tiene ahora mismo encima Iberpistas. Y es que estos sectores se caracterizan en España por su atomización y por estar formados por empresas con una dimensión relativamente pequeña a escala europea que las puede hacer sucumbir ante operaciones hostiles si tienen un porcentaje elevado de su capital en Bolsa o si sus núcleos duros no están dispuestos a defenderlas o carecen de la capacidad suficiente para ello. En consecuencia, los movimientos empresariales que están produciéndose en estos sectores tienen su lógica, pero hay casos en los que también tienen sus límites. En esta situación se encuentra la fusión de Acesa y Aúrea, sobre todo si mantienen sus respectivas OPAs sobre Iberpistas.
El negocio de la explotación de autopistas es, hoy por hoy, bastante apetitoso, como prueba el interés desmedido de Acesa y Aúrea por Iberpistas, y lo será más en el futuro a medida que se vaya ejecutando el Plan de Desarrollo Regional 2000-2006, que contempla una inversión de 25 billones de pesetas en ese periodo, de las que una parte importante irá destinada al desarrollo de la red viaria española. Muchas de esas inversiones, además, llevarán aparejadas la explotación de las nuevas infraestructuras de autopistas y autovías, lo que supone un negocio seguro y multimillonario para las empresas concesionarias. Y todo el que puede quiere hacerse con un trozo del pastel, a ser posible bien grande. Por todo ello, han empezado los movimientos de OPAs, contraOPAs y fusiones.
El problema es que, de prosperar los planes de Acesa y Aúrea, el grado de concentración en el sector sería muy elevado, con lo que es muy probable que las autoridades de defensa de la competencia pongan muchas condiciones a la fusión de ambas empresas, y más todavía a la OPA sobre Iberpistas, si es que no llegan a prohibir alguna de estas operaciones porque supondría liquidar prácticamente la competencia en el sector de concesionarias de autopistas. Las autoridades de defensa de la competencia no debería permitir que esto llegara a suceder y más aún cuando en los últimos años el Ministerio de Economía ha mostrado tanta preocupación por la cuantía de los peajes de las autopistas que, en muchos casos, es un precio fijado bien por el Estado bien por las respectivas comunidades autónomas, pero que siempre será mayor si la alternativa a la que se enfrente el Gobierno de turno es que o renueva la concesión a la empresa que disfruta de ella o el servicio se queda sin cubrir.
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