Para una economía de mercado, tan malo es una regulación insuficiente como un exceso de la misma. La primera reduce la actividad económica porque no garantiza la competencia libre ni la defensa efectiva de la propiedad privada y los derechos de las empresas y los consumidores; la segunda se convierte en un corsé para el buen funcionamiento de los mercados que mina su eficiencia. Si la sobrerregulación se produce en el sector financiero, entonces es todavía peor porque su misión es llevar los ahorros a las empresas que necesitan dinero para financiar sus inversiones y si no lo pueden hacer con eficiencia, entonces se resienten el crecimiento económico y la creación de empleo. Ese riesgo puede producirse ahora en España si la respuesta del Gobierno a la crisis de confianza en la bolsa suscitada por el rosario de escándalos contables en Estados Unidos da lugar a un exceso de regulaciones.
El gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, acaba de lanzar una advertencia contra ese peligro. Tiene razón. Los mercados financieros españoles por supuesto que no pueden funcionar adecuadamente si la regulación es insuficiente, sobre todo a la hora de proteger los derechos de los ahorradores y los inversores. Si estos no confían en el sistema, entonces su dinero se irá a otra parte. Pero tampoco se trata de regular todo exhaustivamente, de forma que los mercados financieros carezcan de la flexibilidad necesaria tanto para innovar y adaptarse a las circunstancias cambiantes de la economía mundial como para poder competir con otras plazas financieras por la captación del ahorro. No hay que olvidar que en el mundo de la globalización precisamente lo que se mueve con más rapidez y facilidad es el dinero y éste huye tanto de los países con altos impuestos o con políticas económicas ineficientes como de los mercados con una regulación excesiva que reste rentabilidad a las inversiones.
La solución para superar la crisis de confianza, por tanto, pasa en cierto modo por regular, pero por regular bien y en su justa medida. Pero también pasa por hacer que se cumplan las leyes porque éstas son, en última instancia, la garantía de la defensa de los ahorradores, inversores y accionistas.
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