Hace aproximadamente un año, el Ministerio de Economía se comprometió a lanzar un debate sobre las necesidades energéticas del país para los próximos años, con el fin de desterrar los apagones definitivamente de nuestra geografía. Ahora, el secretario de Estado de Economía, José Folgado, acaba de presentar el documento base para iniciar las discusiones entre el Gobierno, la oposición y el sector.
Según el Gobierno, la demanda de energía crecerá a un ritmo anual del 3,75% en los próximos diez años. Desde luego, esta cifra puede ser discutible porque se basa en hipótesis sobre el crecimiento económico que nadie puede decir cómo se va a comportar, porque siempre puede haber sorpresas. En cualquier caso, lo importante no es tanto la cifra en sí misma como el hecho de que se sepa que la demanda irá a más y que hay que prepararse para ello. Ello no quiere decir que haya que retornar a la planificación estatista, cuyos fracasos en España y en el mundo son más que evidentes, sino que lo que hay que hacer es crear el marco adecuado para que las empresas inviertan lo que sea preciso.
El primer paso en esta dirección ya se ha dado con la petición del PP de crear un marco tarifario estable, transparente y no discriminatorio para el sector eléctrico que elimine tanto las incertidumbres como los riesgos regulatorios que castigan a estas empresas desde hace algunos años. Pero habría que empezar a pensar en ir más allá y montar las estructuras de mercado para que la competencia sea una realidad que permita liberalizar efectivamente los precios, en vez de mantener sistemas de fijación administrativa, que es lo que rige en el gas y la electricidad.
Luego hay que resolver los problemas administrativos. Hay muchos ayuntamientos y varias comunidades autónomas que no han aprobado inversiones del sector eléctrico en tendidos de cable de alta y media tensión y en subestaciones necesarias para garantizar el abastecimiento energético cuando se producen puntas de demanda. Es el caso, por ejemplo, de muchos municipios de la costa levantina, donde el turismo dispara la demanda en los meses de verano y se producen apagones porque la red de transporte no tiene capacidad suficiente para enviar la electricidad que se necesita en esos momentos. Y eso es culpa de las administraciones autonómica y local, no de las empresas.
Después está Red Eléctrica, la propietaria de la red de alta tensión, que no ha invertido lo que debía. Eso ha provocado que haya momentos en los que la red de transporte no tiene capacidad para llevar de un lado a otro toda la electricidad que demanda en esos instantes el país y vienen los apagones. Esto fue lo que sucedió el 17 de diciembre. Pero lo triste del caso es que Red Eléctrica tiene una obligación legal: la de garantizar el funcionamiento correcto de la red de alta tensión, y eso no está sucediendo a pesar de los requerimientos del Gobierno y de las eléctricas para que lo haga. Por tanto, hay que poner fin a esa situación y el Ejecutivo, ahí concretamente, puede y debe actuar. Folgado ya lo dijo en la presentación del informe sobre planificación energética. Pedro Mielgo, el presidente de la compañía, debe tomar buena nota de ello, porque si falla la red de nada servirá que las eléctricas monten nuevas plantas de generación.
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