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Enrique García Llovet

Una huelga en defensa del Estado de Derecho

En estos tiempos difíciles la Justicia ha de dar un paso al frente para preservar esos derechos que nos hacen libres e iguales

Es difícil encontrar en la prosa legal textos de la belleza que nos ofrece la Declaración de Independencia de los EEUU:

Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad.

Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que hombres y mujeres se ven arrojados de su dignidad, negada su igualdad, perdida su esperanza, cegados los caminos para luchar por la búsqueda de la felicidad; y en estos tiempos difíciles la Justicia ha de dar un paso al frente para preservar esos derechos que nos hacen libres e iguales, para tutelarlos día a día en cada lugar en el que un hombre o una mujer acuden a un tribunal y piden con la voz bien alta que se declare su derecho. No podemos consentir que esa voz no se escuche porque, le asista o no el derecho que reclama, el derecho a reclamar lo ostenta, como ciudadano, siempre.

No es ese derecho a que la voz del ciudadano sea oída siempre en un tribunal el único que hoy peligra. Nuestra salud y nuestra integridad, que es condición del ejercicio de todos los derechos, la educación, que es condición de una ciudadanía libre y crítica y no la producción de recursos humanos para el sistema, han exigido un paso adelante de aquellos hombres y mujeres que cada día velan por nuestros derechos en la Sanidad y en la Educación. Ese mismo paso adelante hemos de darlo hoy los hombres y mujeres que servimos a la Justicia.

Por eso se convoca una huelga, una huelga que es defensa de los derechos de los ciudadanos:

Una huelga para dotar de medios a la Administración de Justicia: contamos con una ratio de jueces que es la mitad por cada 100.000 habitantes que la del último de los países de la UE; una huelga para evitar que las dilaciones se conviertan en negación al ciudadano del derecho a la tutela judicial; una huelga para que cada ciudadano reciba una respuesta justa y consistente a su pretensión de tutela, no mediatizada por una carga de trabajo que haga imposible esa respuesta.

Una huelga para que ese derecho a ser oído no se someta a una tasa, porque ese derecho a ser oído no es sino un derecho fundamental del ciudadano, el primero de los que integran un Estado de Derecho, el derecho que permite hacer reales y efectivos muchos otros derechos.

Una huelga para garantizar la exclusividad de la función jurisdiccional y que no pueda ser abrogada por otro poder del Estado; una huelga para cambiar el régimen del indulto, que no es en su regulación actual compatible con un Estado de Derecho, donde la voz de la víctima sea oída, donde la voz del tribunal sea escuchada y que por un órgano independiente y de forma motivada se otorgue o no de forma razonada.

Una huelga para garantizar un gobierno del Poder Judicial no sometido a intereses partidistas, para que ese ciudadano que llega ante un tribunal no pueda reconocer en aquellos ante los que impetra su derecho color alguno porque no lo hay, sino hombres y mujeres que investidos de una magistratura velan con total independencia por los derechos de sus conciudadanos.

Porque una justicia lenta y sin medios niega los derechos a sus ciudadanos y niega el Estado de Derecho, porque una justicia sometida a tasa niega un acceso igual a la tutela de los derechos y conculca los fundamentos de un Estado de Derecho, porque una justicia mediatizada y abrogada niega la igualdad de los ciudadanos ante la ley y niega el Estado de Derecho, porque una justicia politizada niega la independencia del juez y negando una tutela judicial independiente conculca el Estado de Derecho. Por eso esta es una huelga por el Estado de Derecho, por los derechos de todos los ciudadanos.

Enrique García Llovet, magistrado del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de La Coruña.

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