La verdad duele, pero hay que decirla. Ignorarla es ser cómplice de los traficantes y de los corruptos que los protegen. Los gobiernos están obligados a responder por el avance del narcotráfico, que ya penetró descaradamente no sólo las bases policiales, políticas y sociales, sino los altos círculos del poder. Así estaban las cosas en Colombia y así están en México.
Por otra parte, en Centroamérica están surgiendo grupitos adiestrados por capos colombianos y mexicanos. En Honduras, especialmente en San Pedro Sula, se han creado en los últimos dos años rutas comerciales para el envío de droga a EEUU (a través de Cuba o México). Lo mismo ocurre en Nicaragua. Es probable que funcionarios del Gobierno estén siendo cómplices de esos delincuentes.
Volvamos a México, a su colombianización. Aparecen cuerpos por doquier, algunos mutilados y hasta decapitados. Esto prueba que la guerra del Gobierno de Felipe Calderón y la respuesta de los cárteles están siguiendo el derrotero que siguieron en Colombia.
En Colombia, ya se sabe, se fracasó. Cuando fue denunciado y perseguido, el jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar, retó al Gobierno y al Estado. Colocó bombas, mató a inocentes, aterrorizó.
En el momento en que asumió el poder, Felipe Calderón resolvió perseguir a los cárteles. Violencia y terrorismo es la respuesta que ha recibido.
Que no me vengan con el cuento de que México no está colombianizado, y que decir que sí lo está daña la imagen de ambos países.
La permeabilidad y volubilidad de la clase dirigente tolera y fomenta esa semejanza. Los policías y los políticos, algunos con miedo y otros porque son unos corruptos descarados, aceptan sobornos sin que les importe el terror que sufren sus paisanos e ignorando olímpicamente que, así, conducen su nación a un estado de violencia demencial. En la guerra contra las drogas hay un problema aún más grave: el consumo interno. Gran parte de los estupefacientes se queda en los países productores, porque cuando las fronteras se cierran los cárteles se fijan en los mercados domésticos, que son fáciles de inducir.
El presidente Calderón tuvo la iniciativa, la semana pasada, de despenalizar el consumo de drogas. Los adictos podrán poseer cantidades mínimas de cocaína, marihuana, LSD, opio, hasta de heroína. Suena escabroso, pero no es una ley que vaya a permitir drogarse en lugares públicos. Habrá control policial para los consumidores. Si alguien es atrapado in fraganti, voluntariamente se tendrá que someter a un tratamiento médico para solucionar su farmacodependencia.
Bien es sabido que ciertas autoridades, para encubrir su complicidad y hacer como que trtabajan, detienen a los consumidores, en vez de a los proveedores. La nueva ley mexicana dirigirá la lucha contra los vendedores y no contra las víctimas. Porque, finalmente, el que cae en ese maldito vicio es una víctima.
Mi esperanza es que este pequeño paso dado en México sea un aporte importante en lo relacionado con la legalización controlada y regularizada de las drogas, para así comenzar a atacar con más fuerza el problema primario: la adicción.
La guerra contra las drogas fracasó en Colombia porque pocos pensaron en los drogadictos, ni siquiera los estadounidenses, que son los consumidores potenciales. Enfocaron la lucha en la captura de capos y en evitar que los dólares enriquecieran a los países latinoamericanos, con lo que, en vez de atacar la raíz del problema, provocaron una metástasis. Se pusieron en pie cientos de cartelitos difíciles de identificar y eliminar.
No se puede seguir repitiendo la misma historia, ni en Colombia, ni en México ni en ningún otro país de Latinoamérica. Hay que cambiar de estrategia. La legalización podría ser una opción saludable para la sociedad. La guerra más relevante es la guerra contra la drogadicción.
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