Aunque eclipsada por flujos mucho más visibles como los que se dirigen hacia Italia desde Libia y Túnez –agravados con realidades como la trágica muerte por asfixia de 25 inmigrantes irregulares en un barco llegado a Lampedusa el 1 de agosto–, la continua llegada de subsaharianos a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla es igual de preocupante.
Por un lado refleja la voluntad marroquí de darnos otro verano ‘caliente’, como ocurriera el año pasado con la calculada presión sobre Melilla a lo largo de agosto. Este año son las dos ciudades las que se han convertido en objetivo de la política marroquí, marcada en esta ocasión por la inacción para facilitar con ello que la presión migratoria irregular ponga a ambas en dificultades. Esto es algo que ya se veía venir a principios del verano, y así lo atestiguan varios indicadores. Por un lado, la presión sufrida a lo largo de mayo por localidades del sur peninsular, en particular la granadina Motril, donde llegaban pateras con subsaharianos y marroquíes procedentes de las costas de Marruecos. Por otro lado, y en el caso de Melilla, a mediados de junio la concentración de subsaharianos en las faldas del monte Gurugú era evidente y el goteo de entradas por mar en la ciudad permitía prever lo que se avecinaba. Para entonces la convivencia en el interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (Ceti) melillense estaba ya lo suficientemente enrarecida como para preocuparse.
En julio la presión era ya escandalosa en ambas ciudades, debida en buena medida a una doble obstrucción marroquí: por un lado, Marruecos dificulta los trabajos de la Guardia Civil para hacer desistir a los irregulares de entrar en aguas españolas; y, por otro, se niega a aceptar la repatriación inmediata de los subsaharianos detenidos por entrada ilegal. Con los dos Ceti saturados, algunas cifras indican el empeoramiento de la situación: en junio entraron 136 irregulares en Ceuta –el triple que en el mismo período de 2010– y 151 en Melilla, multiplicando en este caso por ocho la cantidad del año pasado. El Gobierno español y sus medios de comunicación afines se han esforzado por quitar hierro al asunto, con argumentos tan pueriles como comparar las cifras de ahora con la avalancha del otoño de 2005; o hacerse eco de las excusas marroquíes por tener a sus fuerzas ocupadas en proteger el referéndum constitucional de 1 de julio. Pero lo cierto es que la presión se ha mantenido, e incluso incrementado: en julio fueron en las dos ciudades 463 irregulares frente al total de 287. Y nada nos permite prever que vaya a remitir en agosto. Argumentar también como se hace que esta presión es resultado "natural" de las revueltas árabes –cuando la inmensa mayoría de los irregulares son subsaharianos– es otro insulto a la inteligencia.
Las llamadas crecientes de atención y petición de ayuda de los gobiernos de las ciudades, ambos del PP, ponen en un brete tanto al nuevo ministro del Interior como a la de Exteriores, que aún habla de las supuestamente saludables relaciones bilaterales hispano-marroquíes.