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Una juez contra los ciudadanos

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La juez Ruth Alonso vuelve a las andadas. Seguramente es fiel a la doctrina de la secta a la que pertenece, pero es evidente que no es leal al Estado de Derecho. Ni, desde luego, es consecuente con los ciudadanos que pagan su sueldo y que merecen de las instituciones judiciales las garantías suficientes para su vida y libertad. Para excarcelar criminales de ETA (ahora los dos últimos para sumar un total de dieciocho) cuenta con una religión convertida en cinismo y con la discrecionalidad que le proporciona la ley. De la primera ya se hizo eco Libertad Digital: ver a los criminales como seres humanos necesitados de caridad cristiana y a las víctimas como hechos irremediables. Los adventistas quizá tengan elaborada una doctrina más seria pero la versión de Alonso es de un cinismo escandaloso. Pero lo que como ciudadanos debemos exigir, ante ella y ante el Consejo que gobierna a los jueces, es que la discrecionalidad que por el momento disponen no sea arbitrariedad. Y mucho menos una triquiñuela para torpedear la necesidad de defender al Estado de Derecho y a los ciudadanos de la más vil de las organizaciones criminales, ETA.

En anteriores excarcelaciones (la mayoría de ellas revocadas posteriormente en instancias superiores), los jueces de Bilbao y el propio Consejo General del Poder Judicial explicaron que la juez Alonso no infringía la ley. Cuando el Gobierno anunció reformas legales para impedir este escándalo (elevado a la enésima potencia tras el último asesinato de la banda, cometido por quien debería haber estado encarcelado), las asociaciones judiciales indicaron que lo propuesto se podía llevar a cabo con la actual legislación. Interpretan la discrecionalidad, al parecer, en función del juez y no en función de los hechos, del sentido común y de las garantías que los ciudadanos precisamos. La juez Alonso puede tener todo el respaldo que quiera del presidente de la Comunidad Autónoma Vasca y todo el leguleyo apoyo de sus colegas. Pero el Consejo, si de verdad gobierna la Administración de Justicia en vez de tomarnos el pelo, debe tomar cartas en el asunto. Su comportamiento puede ser legal, pero es tan ilegítimo como cualquier fraude de ley. Aquí no estamos ante una discusión legalista de tribunos bizantinos; hay asesinatos antes y después.

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