El apagón italiano es la noticia que mayor número de editoriales concita en la prensa de este martes. Los editorialistas se explayan en la descripción de los trastornos que causó la avería el domingo pasado pero pasan de puntillas en el problema de fondo y en detallar las soluciones. Especialmente superficial es el editorial de ABC que considera que “no hay que buscar la causa final del fallo en el modelo empresarial, en el carácter público o privado del prestador del servicio, en el rigor del interventor o regulador del sistema”. Pero ABC tampoco nos dice donde hay que “buscar”, sólo indica la obviedad de que “lo que parece indudable es que los sistemas que han atendido a tiempo las inversiones y que funcionan eficientemente tienen más posibilidades de solventar los fallos que eviten llegar a un fracaso como el registrado en Italia”.
La Razón, por su parte, se limita a constatar que Europa “no está sobrada de energía”, pero tampoco indica cuales son las razones que impiden una mayor producción de la misma. Respecto a España, este diario se muestra muy generoso con el Gobierno asegurando que “se ha esforzado en los últimos años por incentivar las inversiones en la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica con el fin de garantizar el suministro”. Como soluciones a la carencia energética europea, este diario solo defiende “las interconexiones entre compañías de diferentes países” y un genérico apoyo a “una amplia liberalización del sector eléctrico, que en muchos países europeos es oligopolio de unas pocas empresas”.
El País concreta algo más su análisis pero no por ello lo hace con mayor acierto. Se limita a reproducir la vieja cantinela intervensionista que considera que “las privatizaciones se han hecho a menudo a la ligera, sin un control suficiente de los Estados, que parecen desatenderse de sus responsabilidades”.
El colmo del disparate lo comete, sin embargo, este diario al culpar de los apagones nada menos que a las limitaciones al déficit público impuestas por el euro: “Europa no se puede construir sólo sobre una moneda única cuyos requisitos se invocan a veces para eludir las necesarias inversiones en infraestructuras”.
En primer lugar, el pacto de estabilidad del euro en nada impide a los gobiernos favorecer la inversión en detrimento del gasto. Bueno, en realidad, ni esto, pues la limitación del déficit tampoco impide a los gobiernos aumentar tanto el gasto corriente como la inversión. Lo que exigiría el euro, si se optara por esto último, es un aumento fiscal para que los gastos no superasen a los ingresos.
Pero es que además con estas absurda referencia a los requisitos de estabilidad del euro, El País transmite la impresión de que lo que requiere el problema de los apagones es una mayor inversión pública. Son las empresas privadas,por el contrario, las que han de invertir más en la producción y en la distribución de energía. A diferencia también de lo que dice La Razón, el Gobierno tampoco “tiene que incentivar las inversiones en la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica”. Para las empresas ya sería bastante “incentivo” la enorme y creciente demanda de energía por parte de ciudadanos y empresas consumidoras. Si no es así, es por la larguísima lista de trabas que impone a la oferta la regulación y el intervencionismo estatal. Lo que el Gobierno, en este sentido, tiene que hacer no es “incentivar” sino dejar de poner trabas a la creación de nuevas centrales de producción de energía así como dejar de intervenir en el precio de la misma para bajarlo artificialmente, lo que disuade la inversión empresarial.
Volvamos al caso concreto de Italia, para ilustrar nuestro análisis. El País señala que “es uno de los países que más electricidad importa (un 17% de su consumo, frente a un 2% de media) y que cuenta con una red más vetusta”. Como reconoce este diario, “la energía nuclear quedó proscrita. Pero también la presión ecologista ha impedido construir nuevas centrales térmicas, al tiempo que la confusión en el proceso de liberalización del sector, tanto de plantas generadoras como redes y tarifas, mantiene a raya a los inversores italianos y extranjeros”.
Si el Estado, por contentar a retrógrados movimientos ecologistas y partidos reñidos con el progreso, erige barreras a la nueva producción de energía, no nos quejemos de la falta de competencia y de inversión. Lo que “mantiene a raya” a los inversores italianos y extranjeros, más que “la confusión en el proceso de liberalización del sector” —frase confusa donde las haya— es la falta de liberalización a secas. Es el intervencionismo público en áreas señaladas por El País como son “las plantas generadoras como redes y tarifas” las que imposibilitan el libre mercado.
La deficiencia o carencia en el suministro es lo característico en todas esas áreas en donde no se concede libertad al mercado. Los países socialistas lo padecían hasta con el suministro de alimentos. En occidente, afortunadamente, la libertad impera en la mayoría de los campos, pero desde luego, el energético está muy lejos de estar totalmente liberalizado. Lo que, desde luego, ningún apagón debería impedirnos ver es que Occidente, desde hace tiempo, reclama su propia perestroika energética.

Los apagones del intervencionismo estatal
En España
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