Hace algunos años se publicó un estudio sobre la mentalidad del "capo" mafioso, realizado por psiquiatras italianos. Se describen como intensamente antisociales porque desprecian los valores ajenos, mientras alaban su propio "espíritu honorable, omnipotente, justo y necesario". Se reconocen por la forma en que ejercen el poder y porque se especializan en manipular a los demás. La cultura mafiosa proviene de una realidad distorsionada, pero los capos y sus acólitos viven con cierta normalidad y todas sus energías están concentradas en la misión asignada.
Ese tipo de comportamiento abunda en América Latina. La cordura y la mesura no son rasgos distintivos de las autoridades latinoamericanas, pero los actuales excesos alcanzan dimensiones que rayan en lo patológico.
Una muestra: el Gobierno uruguayo se está enfrentando a una escalada de hostilidad de su par argentino. La administración de Cristina Fernández hace todo lo que está a su alcance, ya sea en el área comercial, financiera o diplomática, por hacerle la vida difícil a Uruguay. La razón es que el esposo de la mandataria argentina –el ex presidente Néstor Kirchner– aspira a ser el presidente de la recientemente creada Unión Suramericana de Naciones (Unasur). Ese puesto le otorgaría inmunidad legal y, simultáneamente, jugosos ingresos. Algo que la pareja añora, dado el cariz que están tomando los acontecimientos en la Argentina.
Pero esa pretensión se vio frustrada por el voto negativo de Uruguay. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, expresó que mientras activistas argentinos sigan cortando el acceso de las exportaciones por los puentes que unen a ambos países, se mantendrá firme en su posición. Y la respuesta argentina ha sido un clima de hostigamiento en todos los frentes posibles.
En Uruguay también hay manifestaciones parecidas. Por ejemplo, varios especialistas y jueces comenzaron a cuestionar la gestión que la Dirección General Impositiva (DGI) hace de las denuncias de fraude fiscal. Se señala que la DGI utiliza esa herramienta para amedrentar y escarmentar a los contribuyentes.
También hay muchas interrogantes sobre cuál es el criterio utilizado para perseguir a unos, pero no a otros. El caso que causó mayor sorpresa fue el de Umissa, empresa que fabrica y exporta casas de materiales livianos a Venezuela, en el marco del "Fondo Artigas-Bolívar", un fideicomiso creado con el objetivo de profundizar los vínculos comerciales entre los dos países. Hay sospechas de que ese negocio fue la fachada para el lavado de dinero. El contacto principal era Guido Antonini Wilson, el "hombre de la valija", que intentó ingresar a Argentina 800.000 dólares provenientes del Gobierno venezolano.
En palabras de un empresario: "llamó la atención porque uno ve que por montos mucho más bajos la DGI presentó denuncia penal y en este caso, tratándose de cifras millonarias, no lo hizo". Y las asociaciones de prensa denuncian que las inspecciones de la DGI se hacen para presionar y acallar a la prensa independiente.
Lamentablemente, esa mentalidad mafiosa se está extendiendo en la región.