El anuncio realizado este miércoles por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de establecer, de manera gradual, la zona única de escolarización y la concesión de puntos por domicilio o lugar de trabajo para la baremación previa a la elección de centro responde a un compromiso electoral del Partido Popular. Como ha asegurado la consejera madrileña, Lucía Figar, se trata de favorecer la libertad de elección de los padres a la hora de elegir qué centro escolar desean para sus hijos.
A nuestro juicio, esta medida constituye un avance significativo en el largo camino hacia la libertad de enseñanza, una verdadera asignatura pendiente en nuestro país, tan apegado al estatalismo y a la cultura subsidiada que alimenta a patronales educativas, asociaciones de padres domesticados y sindicatos politizados.
Naturalmente, un Gobierno regional hace lo que está en su mano y no puede cambiar el marco general, es decir la legislación estatal. Pero también puede ser punta de lanza (sobre todo en la actual coyuntura política) para ir derribando obstáculos que limitan el ejercicio de la libertad de enseñanza.
La existencia misma de los célebres "puntos", el derecho de la Administración a establecer un baremo para condicionar la elección de centro educativo, la supuesta "gratuidad" e incluso la misma existencia de los conciertos escolares reflejan un sistema que debe ser renovado desde sus cimientos. Y es que en el transfondo sigue prevaleciendo (nos guste o no, y espero que al Gobierno madrileño no le guste) la voluntad omnímoda de la Administración.
Lamentablemente, en España el Estado es el verdadero titular de la educación, definida por la LOE como un "servicio público", es decir un monopolio estatal que la Administración cede a quien quiere, como quiere, cuando quiere y en las condiciones que ella decide. Desde esa concepción se entienden las dificultades no ya para elegir centro escolar sino para crear centros de iniciativa social o defenderse de asignaturas diseñadas exclusivamente para adoctrinar de manera obligatoria y evaluable. El sistema educativo ha sido un campo de batalla en la historia de España, desde la Restauración hasta Zapatero (salvando las distancias cronológicas e intelectuales).
Naturalmente, el PSOE lo sabe muy bien y siempre que ha tenido ocasión ha diseñado los capítulos educativos de los gobiernos, invirtiendo en ellos a sus figuras más sagaces e ideologizadas. Ocurrió durante la Segunda República y sigue ocurriendo tras décadas de gobiernos socialistas: la educación es una herramienta de transformación social impuesta desde el poder y no renuncian a ella. Todo lo demás son herramientas para educar a los alumnos en sus convicciones, convencer a los padres de que no pintan nada, aborregar a los profesores subsidiando la mediocridad y controlar a las patronales educativas para que acepten las migajas que el Estado les proporciona con gran generosidad.
En definitiva, lo que queda por desarrollar es el artículo 27 de la Constitución, que proclama el derecho a la educación y el reconocimiento de la libertad de enseñanza. Esta última no existe hoy en España. Para que sea una realidad necesitamos un marco de libertad y una cultura de responsabilidad.
Un aspecto que no aborda explícitamente la Constitución es el de la calidad de la enseñanza. Quizá porque en el año 78 las prioridades eran otras; ahora, casi 40 años después, la pedagogía constructivista y una igualdad interpretada como mediocridad han colocado a la enseñanza española en los últimos lugares del Informe Pisa. Si el contexto legislativo es de libertad, los centros y sus profesores tendrán que hacer un esfuerzo por ofrecer una educación de calidad si quieren subsistir. Y los padres, un ejercicio de responsabilidad que les implique en la educación de sus hijos y les haga conscientes de sus derechos y de sus deberes. Y la Administración solamente tiene que velar por el desarrollo del derecho a la educación y del ejercicio a la libertad de enseñanza. Sin inmiscuirse ni atribuirse titularidades que no le corresponden.
El Sr. Urcelay es presidente de Profesionales por la Ética.