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Sobre ciudadanía y libertad

No es admisible en una sociedad democrática y pluralista que alguien, ni siquiera Peces-Barba, se arrogue la potestad de decidir quién tiene protagonismo y quién no lo tiene en la vida pública. Eso se llama, sencillamente, mentalidad totalitaria.

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Ayer, en la tribuna de un diario nacional de corte gubernamental, Gregorio Peces-Barba, catedrático de Filosofía del Derecho, acusaba a Profesionales por la Ética de intentar engañar a los padres con una guía de asesoramiento a padres (Educación para la Ciudadanía: los padres elegimos) sobre la objeción de conciencia a la nueva materia de la LOE.

La extendida objeción de conciencia frente a la polémica asignatura parece haber llamado la atención del ilustre catedrático a pesar de que, según el periódico que le cede su tribuna, el 14 de septiembre pasado "sólo se habían producido 84 objeciones de conciencia frente a Educación para la ciudadanía", pese a la constancia fehaciente de que se trata ya de más de 15.000.

Peces-Barba acusaba a Profesionales por la Ética de manipular la jurisprudencia constitucional y de omitir el art. 27.2 de la Constitución, conforme al cual "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". En consecuencia y dado que, a su entender, este precepto avala la constitucionalidad de la asignatura Educación para la ciudadanía, los promotores de la objeción de conciencia estaríamos empujando a los padres a la desobediencia civil.

Además, nuestra entidad estaría ocultando, siempre según Peces-Barba, información acerca de las consecuencias académicas derivadas de la negativa a cursar Educación para la ciudadanía, afirmación ésta difícilmente sostenible para quien se tome la molestia de leer las páginas 14 a 17 de la referida guía.

Mucho nos tememos que quien realmente trata de confundir es Peces-Barba. Profesionales por la Ética asume la totalidad de la Constitución Española y por lo tanto también el artículo 27.2, según el cual la educación debe respetar los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales. Pero nuestras preguntas, a propósito de la discutida asignatura, son muy claras. ¿Qué tienen que ver los principios democráticos de convivencia con la formación de la conciencia moral de los alumnos que se propone explícitamente la asignatura Educación para la ciudadanía? ¿Qué sentido tiene incluir entre sus contenidos aspectos como "los interrogantes del ser humano", "la orientación afectivo-sexual", "la educación emocional", "la dimensión moral del ser humano" o "los dilemas ético-cívicos"? La paradoja, además, es que Educación para la ciudadanía omite sistemáticamente principios democráticos, derechos y libertades fundamentales que sí se encuentran en la Constitución: la libertad religiosa, la libertad de educación, la protección de la familia, la unidad indisoluble de la Nación española o la libertad de empresa.

Peces-Barba también nos acusa de obviar que "la objeción tiene que ser reconocida en cada caso por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la base de la libertad ideológica y religiosa". ¿Por qué este afán de malentender todo cuando precisamente es esa la postura que Profesionales por la Ética y otras muchas entidades estamos defendiendo? Lo que silencia el ilustre catedrático es que para que la objeción pueda llegar al Tribunal Constitucional es preciso que, con carácter previo, haya sido invocada en situaciones concretas de vulneración de la libertad ideológica y religiosa, como es el caso de esta asignatura.

Por último, el ex rector de la Universidad Carlos III dedica gran parte de su artículo a desear que la Iglesia española se comporte como la francesa o la alemana. Con este argumento, a nuestro juicio, desenfoca el núcleo del debate y desempolva un rancio anticlericalismo que no sabemos a cuento de qué viene. En el debate sobre Educación para la ciudadanía no se trata de dilucidar qué papel debe tener la Iglesia Católica en la vida pública española, sino de cómo proteger la libertad de los padres de familia para decidir cómo quieren educar a sus hijos.

A Peces-Barba se le escapa que "aunque el creyente está protegido con la laicidad, en sociedades democráticas, con la Constitución o la ley, no es protagonista político". ¿Significa esta frase que se propone recluir al ciudadano creyente, al que tenga convicciones diferentes a las suyas, en un guetto, en un museo o en una reserva para especies exóticas? Negar que los ciudadanos creyentes puedan ser protagonistas en la vida social y política es excluirles y condenarles al ostracismo cívico. ¿Es que no pagan sus impuestos, no cumplen sus obligaciones ciudadanas, no votan? No es admisible en una sociedad democrática y pluralista que alguien, ni siquiera Peces-Barba, se arrogue la potestad de decidir quién tiene protagonismo y quién no lo tiene en la vida pública. Eso se llama, sencillamente, mentalidad totalitaria.

Menos explicable aun es que Peces-Barba quiera amedrentar a los padres de familia con "el coco" de que sus hijos no recibirán el correspondiente título. En cualquier caso los padres no se van a dejar amedrentar por amenazas, pero que lea, por favor, él y cuantos desde la Administración han elegido el camino del no-diálogo, la propia LOE, que señala en su art. 28 que se puede pasar de curso con hasta dos asignaturas suspendidas, añadiendo en el art. 31 que "los alumnos que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria".

Mucho nos hubiera gustado, en fin, poder debatir abiertamente en el terreno de las ideas y los planteamientos con quien a todas luces es el primer responsable ideológico de este formidable "trágala" que la nueva asignatura representa. Lamentablemente, Peces-Barba y sus seguidores han optado por descalificarnos y amedrentar a los padres y a la comunidad educativa en general, dramatizando con que la oposición a Educación para la Ciudadanía producirá daños, desorden en el sistema escolar y otras apocalípticas consecuencias. Es una verdadera pena, cuando podíamos haber hablado de la libertad, que es lo que está de verdad en juego.

Jaime Urcelay es presidente de Profesionales por la Ética

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