La próxima vez que se le ocurra, para referirse al presidente de los Estados Unidos, recurrir a aquello tan manido de “el hombre más poderoso del mundo”, frene en seco. Cuente hasta diez. Y recuerde lo que hemos visto con nuestros propios ojos (si no fuera así y nos lo explicara un tercero, probablemente no lo creeríamos). Porque ha sido histórico: un puñado de magnates silenciando impunemente al impotente presidente de la todavía primera potencia mundial. Trump aún puede apretar el botón rojo, sí, pero lo tiene muy complicado para hacer llegar sus mensajes a sus seguidores.
El asalto al Capitolio ha sido la excusa, pero la cosa viene de lejos. En realidad de hace años; pero, para no aburrirles, ¿recuerdan un debate entre candidatos a la presidencia en el que se silenciara el micrófono al presidente? Por no hablar de los ridículos y puntillosos mensajitos (“estas afirmaciones son discutidas por otras fuentes”, “no hay evidencia de que estas afirmaciones sean ciertas”...) acompañando cada tuit, una política que, de aplicarse por ejemplo al actual vicepresidente segundo del Gobierno de España, no dejaría ni uno de sus tuits libres de advertencia. Eran los prolegómenos de lo que se estaba cociendo: eliminar de las redes sociales, sin detenerse ya en fruslerías ni disimulos, a quienes hacen afirmaciones que nos disgustan. Arbitrariamente, a nuestro antojo, sin reglas ni procedimientos, sin posible defensa ni seguridad de ningún tipo. Las Big Tech (Twitter, Facebook, Apple, Amazon, Google, Youtube), los amos de las redes sociales, la plaza pública de nuestros días, se han erigido en censores que deciden qué voces son audibles y cuáles son condenadas al silencio. En realidad, seamos sinceros, ya lo habían avisado: no hace tanto que Tim Cook, el CEO de Apple, en una presentación ante un grupo de activistas de los que llaman “derechos civiles”, afirmaba:
Solo tenemos un mensaje para aquellos que promueven el odio, la división y la violencia: no hay sitio para vosotros en nuestras plataformas.
La siguiente pregunta era obvia: ¿quién determinaría lo que se considera incitación al odio, la división o la violencia? La respuesta nos ha llegado, irrefutable, por la vía de los hechos: ellos mismos, las Big Tech.
Así, la política de la cancelación, que empezó derribando estatuas, ahora se dedica a cerrar la boca a seres de carne y hueso, a aquellos que les incordian. Incluyendo al presidente de los Estados Unidos. La argumentación de Twitter para justificar la suspensión permanente de la cuenta de Trump es terrorífica: ¡cita un tuit en el que anuncia que no asistirá a la toma de posesión de Joe Biden para sostener que podría ser interpretado como una invitación a atacar al nuevo presidente! ¿De verdad no tienen nada mejor que esto?
Lo grave es que no ha pasado nada. Peor: a quienes van por la vida envueltos con la capa del buenismo y no pierden ocasión de defender la libertad de expresión (la de los suyos, claro está) les ha parecido sensacional. Tampoco es nada nuevo: ya los jacobinos excluían de la tolerancia a los intolerantes... que resulta que eran todos los no jacobinos.
La situación, si bien ha provocado indignadas reacciones, muy comprensibles por otro lado, tiene también algunas ventajas. Para empezar, deja bien claro adónde hemos llegado, quien tiene el poder y hasta dónde está dispuesto a emplearlo. Y debería obligarnos a definir y establecer con claridad algunas cuestiones esenciales. Empezando por la propia naturaleza de las redes sociales: ¿son medios de comunicación, responsables de lo que se publica en ellas y que, en consecuencia, pueden legítimamente seleccionar lo que publican según sus propios criterios? ¿O son un servicio a través del cual se pueden enviar mensajes –como Correos–, un gigantesco tablón de anuncios, simples contenedores, repositorios de información, foros donde se intercambian mensajes, y en consecuencia no se inmiscuyen en lo que cada particular envía o publica? Hasta ahora han vivido en una cierta ambigüedad que les ha permitido aprovechar las ventajas de ambas opciones según les convenga (si se les intenta hacer responsables de lo que publican como si fueran editores, dicen que son plataformas; si se les exige que no restrinjan el acceso a sus plataformas, dicen que son editores), algo que se ha demostrado injusto y disfuncional. Si son medios de comunicación, que asuman sus responsabilidades sobre todo lo que se publica en ellas; si son meros contenedores de información, entonces que desistan de restringir los mensajes a aquellos que no se ajustan a su ideología woke. Podría justificarse que, ante un mensaje que consideran potencialmente inadecuado, lo comunicaran a las autoridades para que un juez, con las debidas garantías, investigara el asunto, pero si aceptamos que controlen los contenidos, determinando qué es aceptable y qué no, habremos aceptado que cuatro megamillonarios progres se erijan en prescriptores de lo bueno y lo malo y, de facto, en quienes determinan qué está permitido y qué no, algo que compete a la ley y a los tribunales, nunca a unos particulares, por muy poderosos que sean.
De hecho, los tribunales ya han aclarado bastante este asunto. Como explica Niall Ferguson en The Spectator:
Varias demandas a lo largo de los años han ido confiriendo a las Big Tech un estatus inusual: un bien público que está en manos privadas. En 2018 el Distrito Sur de Nueva York dictaminó que el derecho a responder a los tuits de Trump está protegido "bajo la doctrina del ‘foro público’ establecida por el Tribunal Supremo". Así que fue incorrecto que el presidente bloqueara a gente porque eran críticos con él. Censurar a los usuarios de Twitter "por la expresión de sus opiniones políticas representa una discriminación que viola la Primera Enmienda". En otras palabras, como presidente de los Estados Unidos, Trump no podía bloquear a los usuarios de Twitter para que no vieran sus tuits, pero al parecer Twitter está en su derecho de borrar por completo la cuenta del presidente.
El asunto, sin embargo, es aún más grave si cabe. Tras la cancelación de Trump de las redes sociales, fueron muchos los usuarios que emprendieron un éxodo masivo de Twitter a Parler, red social alternativa que promete libertad de expresión en contraste con el control cada vez más intenso de Twitter. La reacción de la banda de las Big Tech fue inmediata: Google y Apple eliminaron la app de sus tiendas online, Amazon les dio 24 horas para migrar de servidor y el proveedor de DNS les quitó el servicio. No se trata solo del peligroso comportamiento censor de las Big Tech, sino de que se ha puesto en evidencia que actúan de modo concertado y simultáneo para impedir que pueda existir una alternativa a su dominio del mercado. Sorprendentemente, los críticos izquierdistas del capitalismo monopolístico no han abierto la boca ante estos abusos, pero justo para impedir este tipo de actuaciones, propias de un oligopolio que abusa de su posición dominante para actuar impunemente con prácticas de colusión, y para preservar la libertad de elección de los consumidores, es por lo que se promulgaron las leyes antitrust.
El problema es que, durante los cuatro años de Administración Trump, y a pesar de que la deriva de las Big Tech era cada vez más evidente, nadie hizo nada para impedir una situación como la que estamos viviendo. Biden será investido presidente de los Estados Unidos este miércoles, pero si alguien tiene el poder a día de hoy son las Big Tech, y mientras puedan actuar impunemente como lo han hecho, las palabras democracia y libertad serán solo eslóganes vacíos que ceden ante el irrestricto y tiránico poder de las Big Tech y su agenda woke.