Entradilla al programa Sin Complejos del sábado 17/4/2010:
La palabra cónclave, que designa la reunión de cardenales encargada de elegir nuevo Papa, viene del latín "cum clave", "bajo llave".
A la muerte del Papa Clemente IV en 1268, el colegio cardenalicio se reunió en la ciudad italiana de Viterbo para elegir un nuevo Sumo Pontífice. Pero, como ya había sucedido en ocasiones anteriores, las discusiones entre las facciones políticas del momento (en aquel caso, entre los cardenales de la facción francesa y de la facción italiana) hicieron que la elección se eternizara.
Finalmente, y después de tres años de deliberaciones, el elegido fue Teobaldo Visconti, que ni siquiera era sacerdote y que fue ordenado el 19 de marzo de 1271 y consagrado obispo de Roma 8 días después, adoptando el nombre de Gregorio X.
El nuevo Papa, para evitar el espectáculo en que las reuniones del colegio cardenalicio habían degenerado, reguló mediante una serie de normas draconianas las futuras elecciones. Así, Gregorio X estableció que, a la hora de elegir nuevo Papa, se encerrara a los cardenales bajo llave ("cum clave") en un recinto cerrado, en el que sólo dispondrían de un único sirviente y no contarían con habitación individual. La comida se les suministraría por un ventanuco y a partir del tercer día de cónclave sólo tendrían derecho a una comida al día. Y si el cónclave se prolongaba más de cinco días, los cardenales se verían sometidos a dieta de pan y agua. Además, todas las rentas eclesiásticas de los cardenales pasarían a engrosar las arcas de la Iglesia mientras el cónclave durara.
Aquellas normas tan estrictas vinieron a acabar con las inacabables discusiones y los eternos empates que habían transformado la elección de los Papas un espectáculo tan poco edificante.
Ayer conocíamos que el Tribunal Constitucional ha vuelto a fracasar en su intento de llegar a una sentencia sobre la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. ¡Cuatro años llevan ya debatiendo sus señorías, divididas en dos bandos irreconciliables! ¡Cuatro años durante los que María Emilia Casas, y su ponente de cámara, Elisa Pérez Vera, han intentado por todos los medios colar hasta cinco borradores sucesivos, con los que se aprobaba el grueso del anticonstitucional estatuto, realizando así una reforma constitucional encubierta sin que los españoles podamos siquiera opinar sobre esa reforma! ¡Cuatro años en los que el gobierno autónomo catalán ha continuado legislando, en aplicación de una acelerada política de hechos consumados! ¡Cuatro años que han visto el paulatino recorte de derechos constitucionales de todos los españoles, mientras todas las instituciones, y en especial el Tribunal Constitucional, permiten y consienten!
El espectáculo protagonizado por las instituciones de este régimen que murió un 11-M y cuyo cadáver empieza a apestar, resulta ya dantesco. Con un poder ejecutivo que no sólo no ha hecho nada por defender los derechos de los españoles, sino que puso todo su empeño en sacar adelante ese Estatuto que los conculca; con un poder legislativo que se ha convertido en la simple correa de transmisión del ejecutivo; con un poder judicial sometido a los criterios de reparto impuestos por los partidos; y con un cuarto poder, la prensa, que hace mucho que renunció a su labor de control y de denuncia de los otros tres poderes, los españoles no tenemos ya quien nos defienda.
Quizá debiéramos empezar a plantearnos si no sería hora de adoptar esa norma aprobada por la Iglesia católica hace 735 años, para evitar el bochornoso espectáculo de los debates eternos, con los que no se intenta otra cosa que perpetuar el reparto de poderes decidido en los despachos, al margen de la ciudadanía.
Quizá fuera bueno encerrar bajo llave, en algún recinto cerrado, a los miembros del Tribunal Constitucional, que tienen la obligación de velar por la constitucionalidad de las leyes; y a esos senadores y diputados que tienen la obligación de legislar de acuerdo con la Constitución; y a los miembros de ese gobierno que controla el Boletín Oficial del Estado; y a ese Monarca que tiene atribuida la constitucional potestad de moderar y arbitrar el funcionamiento de las instituciones.
Quizá fuera bueno encerrarles a todos, como a los cardenales en tiempos, bajo llave; a dieta de pan y agua; sin derecho a habitaciones individuales. Y con sus sueldos embargados hasta que se den cuenta, de una maldita vez, de que ninguno de ellos tiene el más mínimo derecho a conculcar, ni a permitir que se conculquen, los derechos de los ciudadanos, como se vienen conculcando con el Estatuto de Cataluña desde hace cuatro años.