De espaldas a la gente, los monjes negros de la política argentina siguen ávidos por repartirse los pedazos que quedan del país que ellos mismos destrozaron. El objetivo es la conquista del poder, no importa de qué manera se haga ni para qué.
Entre esos monjes –los mismos políticos que hasta el año pasado no podían salir a la calle por temor a los “escraches” y “cacerolazos” de los ciudadanos– están varios de los diecinueve candidatos a la presidencia que elegiremos los argentinos el domingo 27 de abril. Uno de ellos asumirá como Presidente de la Nación el 25 de mayo. Simbólicamente, ese día se celebrará un aniversario más de la Revolución de Mayo de 1810 que cambió el sistema de poder en el país e inició el proceso de independencia nacional.
El fantasma del caos de los dos últimos años está presente y los argentinos parecen dispuestos a no transitar nuevamente el camino que los dejó pobres, desempleados y escépticos. Por eso la preocupación no está centrada en elegir al mejor candidato sino en “adivinar” cuál de ellos podrá garantizar la gobernabilidad en los meses siguientes.
Si por gobernabilidad entendemos la capacidad del sistema político para dar contención institucional a los procesos de cambios sociales, entonces la situación parece compleja en un país donde los políticos no son confiables y las instituciones están destruidas. Por ejemplo, la Justicia está sospechada de ser adicta al poder de turno y lo ha demostrado más de una vez con las cavilaciones de la Corte Suprema de Justicia al momento de disponer la devolución de los depósitos bancarios que fueron confiscados por el Estado. El Congreso es cuestionado no sólo por su falta de representatividad –ya que sus miembros son elegidos mediante las cuestionadas “listas sábanas”– sino también por las graves denuncias de corrupción que lo aquejan desde el 2001 y que desencadenaron, entre otras cosas, la renuncia del entonces vicepresidente de la Alianza Carlos “Chacho” Alvarez. Sumado a ello y con el pretexto de contener la crisis, desde el gobierno de Fernando de la Rúa, el Poder Ejecutivo detenta poderes extraordinarios que fueron delegados por el Congreso y que están prohibidos expresamente por la Constitución Nacional.
Este escenario tiene lugar en un marco de prometida reforma política que, luego de la crisis, pretendió reconciliar a los ciudadanos con sus políticos, pero que ahora ya nadie reivindica. Para los políticos, una reforma implicaría terminar con muchos de los privilegios que los sostienen en el poder desde hace años. Mientras que los ciudadanos son sistemáticamente excluidos del poder que los otros detentan y se muestran impotentes de cambiar ese sistema.
Como es poco probable que ocurra un milagro, no parece lógico pensar que el cambio de mando del poder ejecutivo signifique un cambio real de la política argentina. Y aunque es cierto que ante situaciones de crisis algunos gobernantes lo han hecho, como cuando Carlos Menem introdujo importantes reformas económicas y políticas al inicio de su mandato, también es cierto que esas reformas suelen ser transitorias e incompletas. Por eso no es de descartar que aunque las cosas anden bien durante los primeros meses del nuevo gobierno, en el mediano o largo plazo, sin reformas institucionales de fondo volverán a aparecer los trágicos problemas que convirtieron a la Argentina de los últimos años en un infierno para sus habitantes.
Quizás como un símbolo de esperanza para los tiempos difíciles que vienen, en unos meses se cumplirán 150 años de la sanción de la Constitución Nacional de 1853, la Constitución que consagró los principios de libertad, igualdad, justicia y progreso para todos los argentinos. Tal vez sea un buen momento para iniciar el cambio y refundar la Argentina desde sus instituciones. Esta vez mirando a la gente.
María del Carmen Bourdin es periodista argentina, directora ejecutiva de la Fundación del Sur.
© AIPE
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