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Una "seguridad" sin futuro

Cuando el sector público acapara cada vez mayor protagonismo en detrimento del sector privado empresarial, los efectos de ese desequilibrio se traducen en menos bienestar económico y social para todo el país.

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En lo que llevamos de crisis económica son ya varias las ocasiones en las que aparecen en prensa noticias sobre la mayor predilección que tienen los españoles por ser funcionarios frente a la posibilidad de ser empresarios. Y cada vez resulta mayor el porcentaje de los que se inclinan por la función pública. El último informe, una encuesta del portal de empleo Monster, pone de manifiesto una acusada tendencia en las preferencias profesionales de los españoles que es sumamente inquietante por las indeseables consecuencias macroeconómicas que puede acarrear al país, que es el hecho de que un abrumador porcentaje de españoles (72%) prefiera ser funcionario frente a una "reveladora" minoría (4%) que prefiere ser empresario.

La iniciativa empresarial tiene en general su origen en una mentalidad liberal, la cual tiene su raíz en el aprecio por la libertad, que tiene siempre un valor positivo. Se entiende la auténtica libertad, la que tiene que ver con el ejercicio moralmente responsable, en este caso, de la acción empresarial, porque es fuente de creación de riqueza y, en consecuencia, garantía de prosperidad para un país. Bastarían unas mínimas nociones de cultura económica para saber que en el sistema económico de cualquier nación es el sector privado con el motor de las empresas al frente, el que crea riqueza y financia a través de impuestos y otros tributos las actividades del sector público. Cuando el sector público acapara cada vez mayor protagonismo en detrimento del sector privado empresarial, los efectos de ese desequilibrio se traducen en menos bienestar económico y social para todo el país, porque se reducen claramente las posibilidades de generar riqueza. Por eso es una noticia económica lamentable para España.

De todos modos, no ha sido precisamente España un país en el que tradicionalmente se haya inculcado esa mentalidad empresarial, que empieza por la admiración, o al menos, el respeto, por la figura del empresario, y que es más bien propia de otras culturas, como la anglosajona, encabezada sin lugar a dudas por EEUU. Pero es que en los últimos tiempos, desgraciadamente, la brecha en la valoración de ambas funciones ha crecido vertiginosamente. Lo más grave es, me temo, que la causa se encuentra fundamentalmente en la mentalidad de fondo de quienes optan por la función pública, porque suelen ser motivaciones muy poco productivas para la economía de un país las que alientan a los que se declaran aspirantes a funcionarios (seguridad y horarios). Si esta tendencia socioeconómica no sólo no se corrige sino que se fomenta, como ocurre en España, e incluso desde la más tierna infancia se "educa" a los niños transmitiéndoles una visión negativa del empresario y su función (la polémica asignatura "Educación para la ciudadanía" es un significativo ejemplo), acabaremos sembrando unas semillas perversas, malogrando las posibilidades de prosperidad económica del país, que están en el mejor aprovechamiento de sus recursos, y, entre éstos, el más importante, la capacidad creativa de las personas y su audacia para emprender. El empresario recaba recursos de acuerdo a una planificación previa para combinarlos en un proceso productivo, en el que está especializada su empresa, y el éxito de su labor la premia el mercado con la obtención de un beneficio. Si ha acertado con sus previsiones de demanda y logra un producto más apetecible para los consumidores que su competencia, todos los que hayan contribuido en la creación y comercialización de ese producto participarán también de ese éxito en los términos en los que se haya garantizado contractualmente. La diferencia es que el empresario, o mejor dicho, quien ejerce función empresarial, no tiene asegurado su beneficio contractualmente, sino que está expuesto también al riesgo de pérdida cuando opera en una economía libre, debido a la incertidumbre inherente a todo mercado en el que se respete la libre competencia. Esa posible pérdida es inmediata para el empresario, pero también lo acaba siendo para los empleados de la empresa si ésta no logra mantenerse en el mercado, o como viene ocurriendo en los últimos tiempos, las posibilidades en general de logro empresarial se reducen drásticamente en todos los mercados por estar inmersos en una grave crisis económica de alcance internacional. Pero lo cierto es que, aun en tiempos de crisis global, nuestro país es actualmente el menos competitivo de la OCDE, para lo cual ha sido determinante la excesiva rigidez en la regulación laboral, la alta presión fiscal para las empresas, y el elevado intervencionismo de los poderes públicos a través de múltiples trabas burocráticas y dificultades legales para abrir una empresa. Todos ellos son impedimentos para la buena salud económica de un país que empieza, sin lugar a dudas, por su buena salud empresarial.

Marta Pérez-Cameselle García es doctora en Economía.

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