En los últimos días, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha ordenado la detención de dos precandidatos opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, en una nueva muestra de los atropellos que perpetra su régimen autoritario, que viola las bases fundamentales de la democracia y pisotea los derechos humanos de los nicaragüenses. La reacción de la comunidad internacional es prácticamente inexistente y la prensa internacional concentra la cobertura en el conflicto social de Colombia, por lo que pasa inadvertido lo que sucede en la nación centroamericana.
Repasemos los hechos. Desde abril de 2018, cuando se iniciaron protestas ciudadanas contra las reformas del seguro social, hasta mayo de 2020, 1.614 opositores habían sido detenidos arbitrariamente, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); que también señala que la represión del Gobierno nicaragüense produjo 328 muertos, la mayor parte jóvenes de familias de escasos recursos que habían liderado las protestas.
El citado documento señala asimismo que el régimen sandinista canceló la personería jurídica de más de una docena de ONG y confiscó instalaciones de medios de comunicación considerados opositores a su gestión. Por su parte, un informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Nicaragua a diciembre de 2020 estableció que en los últimos tres años más de 100.000 nicaragüenses solicitaron asilo en terceros países. Para hacerse una idea de la magnitud de esa cifra se debe tener en cuenta que el país tiene una población de apenas 6,5 millones.
A medida que se aproximan las elecciones de noviembre, a las cuales no debiera poder presentarse por las limitaciones constitucionales a la reelección, burladas mediante una interpretación judicial arbitraria, Ortega aumenta la represión contra sus posibles competidores. Los candidatos Chamorro y Cruz fueron prácticamente secuestrados e incomunicados por las fuerzas de seguridad sin los más mínimos elementos propios del debido proceso. Según ha denunciado el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, también se ha cancelado la personería jurídica de la Coalición Nacional, alianza que enfrentaría a Ortega en los próximos comicios.
Se teme que en los próximos días la persecución alcance a otro candidato, Félix Madariaga. Otros dos precandidatos, Juan Sebastián Chamorro y Medardo Mairena, sufren arresto domiciliario. El acoso de la Justicia manipulada por el oficialismo también ha alcanzado al conocido escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez, que ha sido convocado en el caso abierto contra Cristiana Chamorro. Como si esto no fuera suficiente, la prensa también ha sido víctima de la represión: en mayo se allanaron las oficinas de la revista Confidencial y se ha detenido a varios periodistas, incluidos corresponsales de la prensa internacional.
Quizás lo más preocupante es que, progresivamente, la comunidad internacional se va acostumbrando a los abusos de estos regímenes autoritarios. Venezuela, por ejemplo, prácticamente ya no es noticia, a pesar de que allí la situación económica, política y social se ha deteriorado hasta el punto de que está generando un éxodo sin precedentes para una nación que no sufre una guerra internacional o civil.
Frente a estos hechos se ven muy pocos pronunciamientos internacionales, las organizaciones de derechos humanos, salvo muy pocas excepciones, brillan por su ausencia, y los Gobiernos autodenominados ¨progresistas¨ no solo guardan un silencio cómplice, sino que defienden a estos regímenes abusivos.
Quienes compartimos los principios y valores democráticos debemos pronunciarnos para que estos hechos no dejen de ser denunciados, pues, de lo contrario, en nuestros propios países no faltará quienes crean que se puede ser poderoso y tremendamente impune.
Óscar Ortiz Antelo, expresidente del Senado y ministro de Economía de Bolivia.