Un amable lector critica que yo cite, en pro del indulto a Galindo, las numerosas vidas salvadas por éste: “imaginemos un médico que ha salvado centenares de vidas en el ejercicio de su profesión y un buen día coge una pistola y asesina a su mujer e hijos. ¿Debe ser juzgado y cumplir su pena por esos crímenes?” Bien, pero el ejemplo quedaría mejor así: “imaginemos un médico que, con extraordinaria pericia y grave riesgo de su vida (y no simplemente “en el ejercicio de su profesión”), salva a cientos de personas durante una peligrosa epidemia, pero que, a causa de la tensión, ocasiona en algún momento varias muertes por imprudencia temeraria, aplicando medicinas inadecuadas, o cosa así. Etc.” Añádase que las víctimas del “médico” Galindo no eran precisamente inocentes, menos aún “su mujer e hijos”, sino miembros de una banda de asesinos profesionales. Aun con eso y con el precedente de la señora Thatcher, el asesinato de esos terroristas –y más si incluyó la tortura–, debe ser juzgado, pero teniendo en cuenta la situación y los atenuantes. ¿Cómo no, cuando tantos etarras han visto sus penas atenuadas, y ahí está o ha estado Josu Ternera en la comisión de derechos humanos del Parlamento vasco –demostración del envilecimiento al que pueden los parlamentarios llevar a un Parlamento–, y sin que haya habido una reacción proporcional a la enormidad, o comparable a la suscitada por la petición de indulto para Galindo?
Pero vamos al problema de fondo. ¿Puede una democracia usar métodos brutales en su defensa? La respuesta es: depende del grado de acoso sufrido por esa democracia. Si bien un crimen siempre será un crimen, el cometido por el agredido, en legítima defensa pero con reacción excesiva, no equivale al perpetrado deliberadamente por un agresor. Los bombardeos aliados sobre la población civil alemana y japonesa durante la guerra mundial son uno de los crímenes de guerra más siniestros y pesarán para siempre en la historia de esos países, pero aún así tienen aquel atenuante. En España, la democracia no sufre un acoso comparable –las reacciones tampoco lo son–, pero está muy claro quiénes agreden fría y alevosamente la vida, la seguridad y las libertades de todos, y quiénes las defienden. Y si la sociedad no es capaz de distinguir, y nivela a unos y a otros con una regla burocrática y contraria a toda equidad, puede llegar el momento en que esa sociedad se encuentre sin otros defensores que los burócratas, es decir, sin defensores. Incluso cabe sospechar en la oposición al indulto a Galindo una táctica nada ingenua para desmoralizar y arruinar la llamada “solución policial”, es decir, la solución legal, en beneficio de la “solución negociada”, o sea, la claudicación ante los pistoleros y sus recogenueces.
Yo no creo que, salvo situaciones muy extremas, deba transigirse con el crimen incluso cuando su intención sea defender la libertad, pero en España muchos piensan lo contrario. Persona tan razonable y evolucionada como Savater, justificaba en una entrevista radiofónica el apoyo prestado a ETA por la oposición antifranquista, argumentando que se trataba de luchar contra una dictadura. Así siguen pensando muchos, y obsérvese que entonces no vivía el país una situación extrema –muy al contrario–, y el régimen estaba liberalizándose rápidamente. Además, ni la oposición, en su mayoría comunista, ni la ETA, eran ni han sido nunca demócratas. Pues bien, si aquella ETA disfruta de tanta excusa, ¿qué justificación no tendrá Galindo, que sí ha defendido la seguridad y la estabilidad de la democracia, incluso si ha cometido los delitos atribuidos? El ejemplo alcanza todo su valor si reparamos en que quienes justifican los viejos asesinatos de ETA suelen ser quienes mayor intransigencia muestran contra Galindo.
En España
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro