Una de las primeras cosas que hizo el PSOE cuando llegó al poder con Felipe González fue robar Rumasa, pervertir la ley para justificar el inmenso expolio, y hundir en el descrédito al Tribunal Constitucional. Desde entonces sus asechanzas contra el estado de derecho no han cesado. Ya lo dijo el "teórico": enterrar a Montesquieu.

Lo que ahora ocurre en el Constitucional es mucho más grave: se trata de legitimar un estatuto anticonstitucional que reduce a la nada, en la práctica, la soberanía de la nación española. Para ello estaban en el Tribunal Constitucional Emilia Casas y Pérez Tremps, (no matrimonio, como he leído y dije al principio) qué curiosa afición de ambos, ella muy afín a los separatistas del PNV, él a los de la Esquerra y ambos al PSOE. Encantador. Pero Pérez ha dado un traspié: ¿no sabía que su colaboración en el estatuto anticatalán, antiespañol y anticonstitucional casaba muy mal con sus pretensiones –no es obligatorio creerlas– de imparcialidad? Como jurista debía saberlo, y también la presidenta del tribunal. En un país democrático, ambos debieran haber salido, y no de muy buena manera, de tan alta instancia, porque el esposo de Casas ha elaborado informes parecidos. Pero en esas manos estamos.

Ahora quedan empatados, al parecer, los elementos progres, esto es, dispuestos a justificar los desmanes antidemocráticos y antiespañoles del gobierno, y los llamados conservadores, en principio contrarios. Pero, dada la flojera de éstos, me comenta Aquilino Duque, no sería imposible un cambalache: la aprobación del engendro estatutario que reduce a "residual" la soberanía española, a cambio del "triunfo" de la exclusión de Pérez. Parece imposible, y ojalá lo sea, pero llevamos tiempo viendo tales cosas que parecían imposibles...