El Tribunal Constitucional no ha sabido calibrar la importancia de la decisión que hace pública este miércoles. Con la inadmisión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Aznar no apoya, desde luego, la constitucionalidad del Plan Ibarretxe –que es indefendible–, pero ayuda a sembrar dudas sobre nuestra estructura constitucional. Amparándose en un requisito formal –el Gobierno recurrió un texto en trámite, no una norma legal– deja que el Plan independista sigua adelante en el Parlamento Vasco.
De esta forma, posibilita que el fraude constitucional de la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi –así se denomina el Plan Ibarretxe, que en el Parlamento Vasco se discute como Propuesta de Reforma del Estatuto– se mantenga vivo y obliga a que se recurra cuando sea aprobado, con los que los problemas se incrementarán.
Una reforma estatutaria –teóricamente lo es– requiere ser aprobada por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, dice nuestra Constitución, en su artículo 147. En cambio, el Plan Ibarretxe parte de lo contrario, parte del ámbito vasco de decisión, llegando incluso a mencionarse la existencia de una Comisión Mixta de Transferencias para cerrar todo el proceso secesionista. Esta teórica reforma estatutaria finalizará, por tanto, con una Comunidad vasca libremente asociada al Estado español bajo la denominación de Comunidad de Euskadi, según recoge el artículo 1º de ese esperpento legal, con lo que ni en las formas ni en el fondo se va a cumplir las exigencias de la Constitución de 1978.
Lo que parece increíble, así, es que la mayoría del Tribunal Constitucional no haya cerrado ya este proyecto independentista, un fraude a nuestro ordenamiento jurídico-constitucional. Es interesante recordar aquí que nuestros tribunales pueden, y de hecho utilizan, el fraude de ley y el fraude procesal para rechazar las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho, entendiéndolos como una quiebra de la buena fe procesal. No hace falta ser muy imaginativo para entender que el PNV está utilizando una vía constitucional –la reforma del Estatuto– para provocar una situación de hecho totalmente inconstitucional.
Pero ampararse en formalismos constitucionales –no existe la norma impugnada, sólo un proyecto de reforma de Estatuto– y no reconocer la existencia de un fraude a la propia Constitución, nos va a llevar a que en los próximos meses, si el Plan sigue adelante en el Parlamento Vasco, el Tribunal Constitucional deba decidir realmente si el Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi es encuadrable dentro de la Constitución, algo sobre lo que no parece que haya dudas, de ninguna forma. ¿Nos imaginamos una llamada a las urnas en el País Vasco por parte del PNV y sus socios mientras el Tribunal Constitucional vuelve a discutir sobre el Plan Ibarretxe y su posible inconstitucionalidad? Bien, pues ese futuro, no muy halagüeño, es el que nos está ofreciendo el Tribunal Constitucional.