Parece mentira que a Esperanza Aguirre la critiquen el PSOE, IU y los sindicatos por su tímida propuesta de reducir el número de liberados sindicales que trabajan para la administración autonómica, mientras el referente mundial de la izquierda, Fidel Castro, acaba de anunciar (a través de su hermano) que despedirá 500.000 empleados públicos. Des-pe-di-rá al 10% de la fuerza laboral, que se dice pronto. Lo de la presidenta madrileña, liberal y a mucha honra, parece una nimiedad al lado de lo que piensa hacer este icono del proletariado y la lucha de clases.
Ni Esperanza se atreve a hablar de echar a nadie: sólo dice que hará "que se cumpla la ley" y que la cantidad de liberados sindicales será la que corresponde. Parece que en nuestro país hay dogmas más intocables aún que la virginidad de María: uno de ellos es la sacrosanta estabilidad laboral de los funcionarios públicos. Y no es sólo un mito. Doy fe, pues trabajo para la administración pública, de que un directivo no tiene forma de quitarse de encima un empleado que no quiera tener: por vago, por ineficiente, porque no cumple con sus tareas, o incluso porque sobra personal. Bueno, en realidad sí hay una escapatoria paradójica: muchas veces la única forma de deshacerse de un trabajador que no sirve es ascenderlo a un puesto superior.
Si uno calcula los costes, no sólo monetarios, de echar a un funcionario, acaba siendo más fácil esperar a que se jubile. ¿Tiene hoy en día sentido esta casi imposibilidad de facto de echar empleados públicos? Está bastante claro que quizás en el nacimiento de las administraciones públicas modernas la estabilidad en el empleo público fuera un instrumento para limitar la influencia política. Pero la pérdida de productividad que puede conllevar una prohibición tácita de despedir es un coste demasiado grande. Fidel se ha dado cuenta de ello y no es que sea candidato al Nobel de Economía. Pero en nuestra querida España hablar de estas cosas es un sacrilegio. Por eso no me extraña que le monten una a Aguirre sólo por pedirles a los trabajadores sindicados que cumplan la ley. Pero, don’t worry! La gente está bastante harta de los sindicatos, por eso tampoco tendrá un alto coste político la medida que propone el Gobierno madrileño.
Yo todavía no comprendo cómo partidos como el PSOE o IU pueden defender un statu quo de estos colectivos que es impresentable. ¿Qué una persona cobre su sueldo completo (más extras y toda la fanfarria) sin trabajar no es escandaloso? "Está defendiendo los derechos de los trabajadores", dirán. Ya, ¿de lunes a viernes, ocho horas por día, todos los días del año? ¿Cuántos convenios colectivos se negocian al año? ¿Cuántas personas se necesitan para negociar un convenio? Vamos, que yo mandaría a Méndez y a Toxo una semanita a Cuba para tratar de "fidelizar" su modelo.
PD.:Permítanme un desvarío lingüístico. ¿Si para los sindicatos el trabajo es un derecho de los trabajadores, vamos, algo bueno; por qué se llama "liberado" a quien puede dejar de trabajar para dedicarse a otras cuestiones? ¿De qué se los libera, del yugo opresor de tener que ganarse el pan con el sudor de su frente?