Después de 45.000 objeciones de conciencia a Educación para la Ciudadanía en poco más de un año de campaña; después de más de 500 recursos presentados en los tribunales por parte de desvalidos ciudadanos que no tienen más poder que el amor a sus hijos y su conciencia.
Después del éxito rotundo que están obteniendo los objetores en estos mismos tribunales que, en aplicación estricta de la jurisprudencia sobre protección de derechos fundamentales emanada de nuestro Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han emitido ya multitud de sentencias reconociendo el derecho a la objeción y autos de medidas cautelares, puesto que observan los jueces que se trata de una asignatura de contenido fuertemente ideologizado, y por tanto, parcial y ausente de la neutralidad a que está obligado el Estado en materia de educación.
Después de oír al candidato del PP durante la última campaña electoral que la asignatura de Educación para la Ciudadanía era "innecesaria y adoctrinadora"; después de que el mismo candidato, actualmente jefe de la oposición, afirmara en una entrevista publicada en El País el 31 de agosto: "si puedo objetar, porque es un derecho que existe y me asiste, lo voy a hacer".
Después de la cacofonía que emitían desde el año pasado las diferentes comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a propósito del reconocimiento o no –beligerancia, en algunos casos, como si de una autonomía gobernada por el PSOE se tratase– del derecho a objetar de los padres.
Después de todo eso, anuncian que los consejeros de Educación del PP por fin se reúnen para poner orden en su gallinero. Expectación. Desilusión. Ya dieron una pista de que el resultado sería un bluf al anunciar que estaría presidida por el vicesecretario de Política Autonómica, señor Arenas, y no por la responsable del área de educación, que es la secretaria de Participación Social, señora Pastor, alias "Guadiana", muy ocupada seguramente en agradecer a Nicolás Sarkozy su nombramiento como miembro de la Legión de Honor, como ella misma destaca en su blog.
En el comunicado emitido tras la reunión pedían la retirada de la asignatura "hasta que no se consensúe un contenido estrictamente educativo, basado en el conocimiento de la Constitución", para acto seguido considerar "imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo [¿definitivo?] del Supremo que unifique doctrina". Para no alarmar a los objetores, también recordaban que "el PP ha defendido y defenderá la libertad que asiste a los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, garantizada por la Constitución en el artículo 27.3".
No debería sorprendernos. Se han limitado a refrendar la "doctrina Rajoy" que quedó impresa en la mencionada entrevista de El País, alabada por algunos injustificadamente:
R. Soy partidario de que no exista esa asignatura. El Gobierno hace una legislación básica que permite que cada uno aplique Educación para la Ciudadanía como le parezca oportuno. Y han sido los tribunales los que han amparado el derecho de objeción.
P. Unos tribunales sí y otros no.
R. Eso nos lleva a otro debate sobre la necesidad de unificar el criterio judicial.
P. Pero usted no objetaría Matemáticas o Lengua.
R. Efectivamente.
P. Porque no lo permite la ley...
R. No, por puro sentido común. Porque quiero que estudien Matemáticas y Lengua, y no otras cosas. La objeción de conciencia es un derecho de las personas. Se pueden objetar algunas leyes como ésta por problemas de conciencia. Y luego son los tribunales los que tienen que tomar la decisión. En este asunto sí me parece justificado. A mí me importa la educación de mis hijos y hay cosas que no me gustan. Y si puedo objetar, porque es un derecho que existe y me asiste, lo voy a hacer.
"Y luego son los Tribunales los que tienen que tomar la decisión". Traducción galaico-español: "el PP entiende que los derechos fundamentales no son constitutivos de las personas y existen o dejan de existir en función de si el Poder se aviene o no a otorgarlos".
Pues se lo explicamos: lo que se está ventilando con esta asignatura de Educación para la Ciudadanía es la pretensión por parte del Estado de apoderarse, de expropiar, el derecho a la educación moral de los hijos. Por otro lado, el Estado tiene que estar al servicio de los ciudadanos, y no al revés. Lo que el Estado tiene que hacer es respetar la libertad de las personas, porque la libertad ideológica, de conciencia y de pensamiento son libertades fundamentales que simplemente se pueden tutelar o reconocer, pero no otorgar, conceder graciosamente. Si usted otorga o reconoce al Estado poder para legislar moralmente, no podrá ya recuperar el derecho a tener su propia moral. El movimiento objetor trabaja por la defensa de las libertades de todos los ciudadanos, incluso la de aquellos que pudieran estar de acuerdo con los contenidos de la asignatura. Lo que está haciendo es crear un blindaje para que ni éste ni ningún futuro Gobierno puedan imponer a todos su doctrina moral y política; para que no pueda otorgarse ningún cheque en blanco al Gobierno en materias que son estrictamente individuales, como la libertad ideológica y de pensamiento.
Y por favor: no repitan lo que dice el Gobierno sobre el Supremo; no lo miren como si fuera el Oráculo de Delfos. El Supremo –por su propia función– no tiene la última palabra. El Supremo no es el final.