L D (EFE) El presunto "cerebro" de la trama de corrupción descubierta en la "operación Malaya" compareció este viernes durante dos horas y media ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Carmen Rodríguez Medel. Roca, que fue trasladado a los juzgados a las 9:50 horas y abandonó estas dependencias a las 15:30 horas, mantuvo su declaración anterior en la misma causa, que puntualizó al ser preguntado por nuevos convenios, según su abogado.
Este jueves, Roca fue preguntado sobre ocho convenios urbanísticos correspondientes a los años 1997, 1998 y 2000, y defendió que el fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil era quien mandaba en el Ayuntamiento, aunque el ex regidor Julián Muñoz ejerciera el cargo de forma accidental. El ex asesor, que el próximo febrero tendrá que volver a declarar en esta causa en relación por otros nueve convenios, siempre ha asegurado que la Junta conocía los convenios de permuta y aprovechamiento y, aunque era conocedora de los convenios urbanísticos, unas veces los impugnó y otras no.
Según Roca, los convenios se enviaban a la secretaría y ésta debía enviarlos al órgano competente –Comisión de gobierno o Pleno– para que se aprobaran, y el pleno del Ayuntamiento lo remitía a su vez a la Junta de Andalucía para que emitiese un informe después de que los servicios técnicos los estudiaran.
La Fiscalía presentó una querella por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra el ex alcalde Julián Muñoz, Roca y el tasador José Mora, a quienes atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos. En la querella, el Ministerio Público concluye que Muñoz y Roca aparecen como "artífices de una maniobra tendente a enajenar los inmuebles del Ayuntamiento a precios muy inferiores a los del mercado, sin que se haya podido averiguar hasta el momento qué clase de contraprestación han podido obtener a cambio".
Esta querella y otra contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el abogado José María del Nido fueron presentadas por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 26 de julio. Ambas responden a las diligencias iniciadas en enero de 2005 después de que el Tribunal de Cuentas remitiera el proyecto de informe de fiscalización del Ayuntamiento y sus sociedades participadas en los años 2000 y 2001, al observarse "indicios de responsabilidad penal".
En la primera se cifra el perjuicio patrimonial a las arcas municipales en 136 millones de euros y se atribuye por ello a Muñoz los delitos de fraude y malversación de caudales públicos, a Roca los mismos delitos a título de colaborador y también a Mora, al menos a título de cómplice.