LD (Agencias) Con el voto de seis de los nueve vocales del Tribunal Constitucional (TC) de Ecuador, 51 de los 57 diputados opositores han sido restituidos en sus cargos después de que en marzo fueran removidos por las autoridades electorales por considerar que "interferían" en el proceso de la consulta para una Asamblea Constituyente promovida por el régimen del presidente Rafael Correa.
Tras conocerse la decisión, el presidente del tribunal, Santiago Velásquez tuvo que salir del edificio de la institución en medio de los insultos y golpes que le propinaron manifestantes de izquierda agrupados en la Federación de Estudiantes Universitarios y el Movimiento Popular Democrático. Los violentos irrumpieron por la fuerza en la sede del Tribunal Constitucional en Quito.
Santiago Velásquez declaró a los periodistas que la destitución de los 57 diputados por el TSE fue "absolutamente inconstitucional", ya que el máximo órgano electoral no es competente para la destituir a los legisladores que, además, no tuvieron derecho a la defensa. Por ese motivo, según dijo, el Constitucional aceptó un recurso de amparo interpuesto en favor de los destituidos ante un juez de la provincia de Guayas, que lo remitió al TC.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, consideró ilegal la resolución del TC y afirmó que no le sorprendía la decisión porque tenía noticias de que en el Constitucional se estaba "montando un contubernio" para devolver sus cargos a los diputados depuestos. Agregó que "no les servirá de nada lo actuado, pues en ocasiones anteriores el mismo Tribunal ha dictado la invalidez de recursos de amparo" admitidos por jueces "carentes de competencia".
Acosta anunció que el TSE presentará una acción penal en contra del pleno del Tribunal Constitucional por esta resolución. Insistió en que la restitución "es un acto defensivo, concebido para la poco edificante intención de proteger sus cargos públicos", amenazados por grupos políticos del Congreso opuestos a los destituidos, que consideran que ha finalizado el periodo del actual Constitucional y que los vocales deben ser sustituidos.
En declaraciones desde la provincia sureña de Manabí, el presidente Rafael Correa afirmó que los 57 diputados "siguen destituidos" pese a la decisión del TC. Dijo que está "estupefacto" porque el órgano constitucional "intenta por todos los medios boicotear" una asamblea que es la "expresión del mandato popular".
El Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 diputados el pasado 7 de marzo, al considerar que "interferían" en el proceso de la consulta para una Asamblea Constituyente promovida por el Gobierno, que fue aprobada el 15 de abril con un 81,72 por ciento de votos favorables. Desde entonces, el TSE ha impedido que los diputados removidos, de partidos opuestos al Ejecutivo, puedan acceder a los locales del Poder Legislativo y facilitado que los legisladores suplentes de los cesados ocupen sus puestos.