LD (EFE) Según informaron fuentes jurídicas, el magistrado adoptó esta decisión después de recibir un informe del fiscal Ignacio Gordillo a favor de abrir la investigación, a pesar de que, el pasado 28 de mayo, el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, anunció a los periodistas que el ministerio público se opondría a la tramitación de la querella. De hecho, la postura inicial de la Fiscalía, reflejada en un informe firmado el pasado 17 de junio por el fiscal Pedro Rubira y dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Juan del Olmo, en el que en principio recayó el caso, fue la de solicitar que se declarara la "falta de jurisdicción" de los tribunales españoles para tramitar la denuncia.
Posteriormente, el pasado día 8, la sala de lo penal del tribunal decidió remitir el caso al Juzgado Central de Instrucción número 1, cuyo titular es Ruiz Polanco, debido a que éste había tramitado con anterioridad otras denuncias relacionadas con la guerra de Irak. El magistrado pidió entonces un nuevo informe sobre competencia al fiscal adscrito a su Juzgado, Ignacio Gordillo, quien se pronunció a favor de la admisión a trámite.
En una providencia notificada este viernes, el juez ha citado como testigos para el próximo día 23 a los periodistas Jon Sistiaga, de Tele 5; Carlos Hernández, de Antena 3 Televisión; y Mónica García Prieto, del diario El Mundo, que fueron testigos de la muerte de Couso el pasado 8 de abril después de ser alcanzado por un proyectil disparado desde un tanque norteamericano. Couso se encontraba en ese momento grabando la entrada del ejército de los Estados Unidos en la capital iraquí, Bagdad, desde una terraza del hotel Palestina, en el que se alojaban cerca de trescientos periodistas extranjeros.
Un presunto delito difícil de encuadrar en el Código Penal español
Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional subrayaron la dificultad de encajar la muerte de Couso en alguno de los tipos recogidos por el Código Penal, debido a las circunstancias en que se produjo, aunque señalaron que la definición de los crímenes de guerra incluye los cometidos por un militar sobre un civil. La Audiencia Nacional, sin embargo, sólo sería competente para investigar esos delitos si se enmarcaran dentro de los de persecución universal, para lo que las fuentes consultadas consideraron que antes sería necesario concluir que la guerra de Irak ha supuesto un crimen de lesa humanidad, declarando expresamente su ilegalidad.
Posteriormente, el pasado día 8, la sala de lo penal del tribunal decidió remitir el caso al Juzgado Central de Instrucción número 1, cuyo titular es Ruiz Polanco, debido a que éste había tramitado con anterioridad otras denuncias relacionadas con la guerra de Irak. El magistrado pidió entonces un nuevo informe sobre competencia al fiscal adscrito a su Juzgado, Ignacio Gordillo, quien se pronunció a favor de la admisión a trámite.
En una providencia notificada este viernes, el juez ha citado como testigos para el próximo día 23 a los periodistas Jon Sistiaga, de Tele 5; Carlos Hernández, de Antena 3 Televisión; y Mónica García Prieto, del diario El Mundo, que fueron testigos de la muerte de Couso el pasado 8 de abril después de ser alcanzado por un proyectil disparado desde un tanque norteamericano. Couso se encontraba en ese momento grabando la entrada del ejército de los Estados Unidos en la capital iraquí, Bagdad, desde una terraza del hotel Palestina, en el que se alojaban cerca de trescientos periodistas extranjeros.
Un presunto delito difícil de encuadrar en el Código Penal español
Fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional subrayaron la dificultad de encajar la muerte de Couso en alguno de los tipos recogidos por el Código Penal, debido a las circunstancias en que se produjo, aunque señalaron que la definición de los crímenes de guerra incluye los cometidos por un militar sobre un civil. La Audiencia Nacional, sin embargo, sólo sería competente para investigar esos delitos si se enmarcaran dentro de los de persecución universal, para lo que las fuentes consultadas consideraron que antes sería necesario concluir que la guerra de Irak ha supuesto un crimen de lesa humanidad, declarando expresamente su ilegalidad.