L D (EFE) En cuanto a la financiación pública de partidos o grupos ilegalizados por su conexión con el terrorismo, se propone la inclusión en el Código Penal de un nuevo artículo, el 576 bis, para sancionar penalmente "a quien utiliza el dinero de todos los ciudadanos para incumplir una sentencia del Tribunal Supremo", según Michavila. La pena por facilitar ese tipo de ayudas públicas sería también de entre tres y cinco años de prisión.
Preguntado sobre el supuesto en el que esta medida sería de aplicación, señaló que "en este momento hay un grupo parlamentario ilegalizado por razones de terrorismo que está recibiendo, según parece, el apoyo de medios personales, materiales, humanos para realizar un trabajo que no le corresponde". Recordó que son 780 millones de euros anuales los que el entorno de ETA "recibía y dejó de recibir el 25 de mayo" por la aplicación de la sentencia que ilegalizó Batasuna, y señaló que también "han dejado de manejar" presupuestos millonarios en diversos municipios, que eran destinados "a una actividad en la que hoy ETA no tiene ni voz ni capacidad de decisión".
Preguntado sobre el supuesto en el que esta medida sería de aplicación, señaló que "en este momento hay un grupo parlamentario ilegalizado por razones de terrorismo que está recibiendo, según parece, el apoyo de medios personales, materiales, humanos para realizar un trabajo que no le corresponde". Recordó que son 780 millones de euros anuales los que el entorno de ETA "recibía y dejó de recibir el 25 de mayo" por la aplicación de la sentencia que ilegalizó Batasuna, y señaló que también "han dejado de manejar" presupuestos millonarios en diversos municipios, que eran destinados "a una actividad en la que hoy ETA no tiene ni voz ni capacidad de decisión".
Para ello, se creará en la Audiencia Nacional una oficina de atención a las víctimas, donde se les informe de la detención de los supuestos autores de los daños sufridos por ellas, de los procesos penales y de la ejecución de las condenas. Se reforzarán las secciones penales de la Audiencia, ampliándolas en un magistrado cada una de ellas, además de aumentar en un 25 por ciento la planta de fiscales y de dotar a la oficina judicial con nuevos medios, personal cualificado y más tecnologías para agilizar los procesos y atender mejor a las víctimas.
El titular de Justicia afirmó que ha conversado sobre este plan con el presidente y el fiscal jefe de dicho tribunal, con el fiscal general del Estado y con los vocales del CGPJ, y precisó que en el mismo se prevé la posibilidad de aumentar algún juzgado de instrucción si fuera necesario.