LD (Agencias) El caso se remonta a 1997, cuando se abrió un conflicto sobre la financiación autonómica entre la Junta y el Gobierno central.
El Gobierno andaluz se unió a los Ejecutivos de Extremadura y Castilla-La Mancha y estas tres regiones se excluyeron del sistema de financiación del quinquenio 1997-2001 pactado entre el Gobierno del PP y CiU.
Las tres regiones argumentaban que en la negociación con el Gobierno no se había contemplado el censo de 1996, sino el padrón de 1988, lo que suponía restar 365.000 personas en el caso de Andalucía, según la Junta. Esta merma de habitantes se traducía en que las regiones afectadas recibirían una cantidad menor desde el Gobierno central. En 2001, Andalucía se sumó al siguiente sistema de financiación, pero mantuvo su reclamación sobre el quinquenio perdido. Lo mismo ocurrió con Extremadura y con Castilla-La Mancha, que ya han llegado a acuerdos con el Gobierno central para saldar la deuda pendiente.
Chaves recoge velas ante Montoro
La decisión del Gobierno andaluz de aceptar la oferta del Gobierno se precipitó después de que Teófila Martínez, candidata del PP a la Junta, dijera el miércoles que ella no tendría ningún problema en mantener una "negociación leal" para pactar con el Gobierno central la cantidad acordada si gana las próximas elecciones. En el mismo acto del PP en el que se encontraba Martínez, también estaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien celebró la propuesta de Teófila Martínez, y el ministro de la Presidencia, Javier Arenas, que se unió a las palabras de sus compañeros de partido.
Tras el acto del PP, el Gobierno andaluz, a través de su consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, anunció que estaba de acuerdo en aceptar la oferta del Gobierno central. Este jueves, el propio Manuel Chaves ha vuelto a recordar que la deuda con Andalucía es casi del doble, aunque el presidente regional ha dado por buena finalmente la cantidad ofrecida por el Gobierno central e incluso ha ofrecido rubricar el acuerdo antes de los comicios del 14 de marzo. Chaves ha dicho, en una rueda de prensa ofrecida en la localidad gaditana de Puerto Real, que el plazo "no será un obstáculo" para la firma del acuerdo, ya que el tema está "prácticamente resuelto".
Chaves también ha dicho que escribiría inmediatamente una carta al ministro de la Presidencia, Javier Arenas, y a la titular de Administraciones Públicas, Julia García-Valdecasas, para que convoquen la comisión mixta estatal y autonómica destinada al efecto. Y prometió no volver a hablar de "chantaje" por parte del Gobierno central, como le atribuyeron él mismo y otros políticos no populares al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sin embargo, y pese al compromiso de Chaves, la consejera de Economía y Hacienda andaluza, Magdalena Álvarez, ha dicho, en declaraciones a la Cadena Ser, que el ministro Montoro podría estar incurriendo en un delito de prevaricación (tomar decisiones injustas a sabiendas).
Montoro contesta a Maleni
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha contestado a Magdalena Álvarez que "no se puede negociar con personas que están todo el día descalificando". A pesar de todo, el titular de Hacienda confía en que "podamos resolver esto de una vez por todas (...) con el Gobierno que salga de las urnas el próximo catorce de marzo". El ministro entiende que la Junta de Andalucía renunció a la liquidación de la deuda de la financiación autonómica correspondiente al periodo 1997 a 2001 por "hacer oposición al Gobierno de España", y "esa actitud política es la que ha llevado a que haya una cantidad pendiente".
Montoro insistió en que "las cifras que se están manejando y el sistema de liquidación que se está proponiendo (para Andalucía) son exactamente las mismas que se derivan del cierre para el resto de las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por el PSOE en el periodo 1997-2001", como Extremadura y Castilla-La Mancha. Como venía insistiendo el ministro, no se podía admitir la reclamación de Andalucía porque se trataría de un agravio comparativo con el resto de autonomías, tanto con las que aceptaron el sistema pactado en 1997 como con aquellas, Extremadura y Castilla-La Mancha, que llegaron a un arreglo con el Gobierno central posteriormente.