L D (EFE) El procedimiento de inculpación de los seis, tres de los cuales son objeto de una orden internacional de detención emitida por las autoridades marroquíes, concluyó a última hora de este viernes bajo la dirección del juez instructor antiterrorista Jean-Louis Bruguiere.
El último en ser acusado fue el marroquí Mustafá Baouchi, presentado como el más importante de todos y al que, como a los anteriores, se le imputó el cargo de "pertenencia a una asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista". El abogado defensor, Henri de Beuregard, afirmó que Baouchi no niega "una cierta ideología" (se le considera miembro del GICM, al que la policía española vincula con los atentados de Madrid del 11 de marzo), pero también que está en contra de actos contra civiles y que no tenía ninguna intención de realizar atentados en Francia.
Como él, también están buscados por Marruecos el franco-marroquí Fouad Charlaoui y el francés Bachir Ghoumid, a diferencia de los otros tres inculpados, el turco Attila Turk y los franco-marroquíes Redouane Aberbri y Rachid Ait El Hadj.
Tras su procesamiento, todos ellos habían quedado en manos del juez de las libertades y la detención, encargado de dictar su ingreso en prisión.
Durante la declaración judicial, los seis procesados reconocieron que habían pasado por campos de entrenamiento de Afganistán entre 2000 y 2001 para adiestrarse en el manejo de armas y explosivos. No todos admitieron formar parte del GICM, grupo terroristas salafista caracterizado por una interpretación literal del Corán que formaron a comienzos de los años 90 en Marruecos hombres que habían combatido en Afganistán, y que luego alistaron a otras personas en Europa, en particular en España, Reino Unido y Bélgica.
Los seis fueron arrestados en varias localidades de las afueras de París en una operación dirigida por los agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio, el contraespionaje francés.
No se les encontraron ni armas ni explosivos en los registros de sus domicilios, y en principio no parece haber pruebas de que prepararan ningún atentado, aunque la policía quiere investigar los teléfonos móviles y los discos duros de ordenador que les incautaron.
Fuentes de la investigación señalaron que la operación de la DST pretende también enviar el mensaje de que Francia no permitirá que su territorio se convierta en una retaguardia para terroristas que pueden cometer acciones en otros países.
El último en ser acusado fue el marroquí Mustafá Baouchi, presentado como el más importante de todos y al que, como a los anteriores, se le imputó el cargo de "pertenencia a una asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista". El abogado defensor, Henri de Beuregard, afirmó que Baouchi no niega "una cierta ideología" (se le considera miembro del GICM, al que la policía española vincula con los atentados de Madrid del 11 de marzo), pero también que está en contra de actos contra civiles y que no tenía ninguna intención de realizar atentados en Francia.
Como él, también están buscados por Marruecos el franco-marroquí Fouad Charlaoui y el francés Bachir Ghoumid, a diferencia de los otros tres inculpados, el turco Attila Turk y los franco-marroquíes Redouane Aberbri y Rachid Ait El Hadj.
Tras su procesamiento, todos ellos habían quedado en manos del juez de las libertades y la detención, encargado de dictar su ingreso en prisión.
Durante la declaración judicial, los seis procesados reconocieron que habían pasado por campos de entrenamiento de Afganistán entre 2000 y 2001 para adiestrarse en el manejo de armas y explosivos. No todos admitieron formar parte del GICM, grupo terroristas salafista caracterizado por una interpretación literal del Corán que formaron a comienzos de los años 90 en Marruecos hombres que habían combatido en Afganistán, y que luego alistaron a otras personas en Europa, en particular en España, Reino Unido y Bélgica.
Los seis fueron arrestados en varias localidades de las afueras de París en una operación dirigida por los agentes de la Dirección de Vigilancia del Territorio, el contraespionaje francés.
No se les encontraron ni armas ni explosivos en los registros de sus domicilios, y en principio no parece haber pruebas de que prepararan ningún atentado, aunque la policía quiere investigar los teléfonos móviles y los discos duros de ordenador que les incautaron.
Fuentes de la investigación señalaron que la operación de la DST pretende también enviar el mensaje de que Francia no permitirá que su territorio se convierta en una retaguardia para terroristas que pueden cometer acciones en otros países.