L D (EFE) Así lo aseguró este jueves la subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas, Dolores Carrión, en una comparecencia ante los medios en la que dio cuenta de la reunión de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, que presidió el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Carrión puso de relieve el "deterioro notable" de los servicios públicos de titularidad estatal, especialmente en materia de extranjería, ya que en la actualidad existen más de 570.000 solicitudes de residencia y trabajo de extranjeros pendientes de resolución, de los que más de la mitad son expedientes de renovación.
Señaló que el compromiso de la reunión ha sido "solucionar los problemas de gestión que nos hemos encontrado", para ello se ha acordado dar prioridad al plan de medidas urgentes, ya anunciado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
Carrión aseguró que la puesta en marcha de las medidas urgentes "no va a suponer un coste adicional, aunque parezca raro", ya que se va a llevar a cabo a través de una encomienda de gestión con la Tesorería de la Seguridad Social y el INEM, que colaborarán de forma gratuita.
Explicó que el Gobierno está estudiando cambiar el actual modelo de gestión, en el que en vez de la existencia de grandes oficinas de extranjería haya pequeños centros de atención, en los que se eviten las actuales colas. En este sentido, anunció que para otoño se va a poner en marcha una experiencia piloto en Madrid mediante la creación de "una oficina chiquitita", que posteriormente se extenderá a otras comunidades autónomas.
La subsecretaria explicó que en la revisión que se está haciendo de las actuales oficinas de extranjería se ha comprobado que en muchos casos se están dando citas "para dentro de muchos meses y eso no es útil" y además también se cita a más personas al día que capacidad de gestión tiene la oficina.
Carrión puso de relieve el "deterioro notable" de los servicios públicos de titularidad estatal, especialmente en materia de extranjería, ya que en la actualidad existen más de 570.000 solicitudes de residencia y trabajo de extranjeros pendientes de resolución, de los que más de la mitad son expedientes de renovación.
Señaló que el compromiso de la reunión ha sido "solucionar los problemas de gestión que nos hemos encontrado", para ello se ha acordado dar prioridad al plan de medidas urgentes, ya anunciado por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
Carrión aseguró que la puesta en marcha de las medidas urgentes "no va a suponer un coste adicional, aunque parezca raro", ya que se va a llevar a cabo a través de una encomienda de gestión con la Tesorería de la Seguridad Social y el INEM, que colaborarán de forma gratuita.
Explicó que el Gobierno está estudiando cambiar el actual modelo de gestión, en el que en vez de la existencia de grandes oficinas de extranjería haya pequeños centros de atención, en los que se eviten las actuales colas. En este sentido, anunció que para otoño se va a poner en marcha una experiencia piloto en Madrid mediante la creación de "una oficina chiquitita", que posteriormente se extenderá a otras comunidades autónomas.
La subsecretaria explicó que en la revisión que se está haciendo de las actuales oficinas de extranjería se ha comprobado que en muchos casos se están dando citas "para dentro de muchos meses y eso no es útil" y además también se cita a más personas al día que capacidad de gestión tiene la oficina.