L D (EFE) Según el portavoz Shadrin, citado por la agencia Interfax, "el registro se llevó a cabo en relación con la evasión de impuestos por parte de Samaraneftegaz, firma filial de Yukos". "Fueron confiscados numerosos documentos que no tenían relación alguna con ese asunto. En concreto, se retiraron materiales sobre la última reunión de los accionistas de Yukos y un buen número de documentos del departamento de impuestos".
El portavoz de Yukos ha declarado que los agentes también se llevaron de la sede los discos duros de los ordenadores del actual presidente del Grupo de Refinado y Comercialización de Yukos, Piotr Zolotariov, del responsable de Yukos-Moscú, Yuri Beilin, y de otros ejecutivos.
El portavoz de Yukos considera inútil poner una demanda
Además, añadió, los fiscales y policías sellaron las cajas fuertes de los gabinetes de esos directivos, ante la imposibilidad de acceder a su contenido. Shadrin dijo que, dada la situación de la Justicia en Rusia, parece inútil presentar una demanda formal ante los tribunales por la ilegalidad del registro.
"Teniendo en cuenta el hecho de que las acciones de la Fiscalía sólo pueden ser denunciadas ante el Tribunal del distrito Basmanni de Moscú y con la experiencia de las acciones llevadas a cabo por esta Corte (en el caso Yukos), creemos que cualquier demanda judicial en este sentido no tiene perspectiva alguna", según Shadrin.
La ofensiva judicial lanzada por la Fiscalía General contra la empresa Yukos y sus principales directivos ha conmovido la vida económica y política de Rusia, con desplomes periódicos de la bolsa y la amenaza de bancarrota para la mayor petrolera del país y una de las principales del mundo.
El Kremlin contra Yukos
Más de 100.000 personas trabajan para Yukos, que produce actualmente cerca de 1,7 millones de barriles de petróleo diarios. Dentro de ese proceso, enmarcado en la campaña lanzada por el Kremlin contra algunos oligarcas, permanece en prisión desde octubre pasado quien fuera presidente de Yukos y hombre más rico de Rusia, Mijaíl Jodorkovski, que, como varios de sus asociados, es acusado de fraude y evasión de impuestos.
Sus abogados señalan que el magnate es víctima del interés del Kremlin de arrebatarle el control de la compañía, debido a su desafío a los monopolios estatales de tendido de oleoductos y producción de crudo, y para acabar con su apoyo político a la oposición liberal rusa. A la acusaciones judiciales contra la cúpula de Yukos se une la demanda del fisco ruso a la petrolera, a la que reclama cerca de 7.000 millones de dólares por impago de impuestos en 2000 y 2001, lo que ha puesto a la empresa al borde de la bancarrota.
Yukos ha perdido desde abril pasado más de la mitad de su valor en bolsa y crece el temor de que pueda ser nacionalizada para impedir un colapso que golpearía de lleno a la exportación de crudo de todo el país.