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Cuatro militares argentinos son encarcelados mientras ocho son buscados por la "Operación Cóndor"

Un juez de Argentino ordenó este lunes la detención de doce ex jefes militares de la última dictadura por los crímenes de lesa humanidad de la llamada "Operación Cóndor", cuatro de los cuales se entregaron y quedaron detenidos a la espera de ser indagados.

L D (EFE) El general retirado Albano Harguindeguy, el primer ministro del Interior del régimen dictatorial que imperó en el país entre 1976 y 1983, se presentó este lunes en los tribunales locales, tras ser informado por la jefatura del Ejército de la orden de detención en su contra.
 
Ante el juez federal Jorge Urso, quien dictó las órdenes de captura, también concurrieron voluntariamente y quedaron detenidos el general Fausto González y los coroneles Eduardo Delio y Hugo Pascarelli, todos retirados, según informaron fuentes de los tribunales locales. Es la primera vez que un juez argentino ordena el arresto por violaciones a los derechos humanos del general Harguindeguy, quien figura acusado en otras causas por los crímenes perpetrados por el régimen militar.
 
La orden de detención también comprende, entre otros, a los generales retirados Ramón Díaz Bessone, ministro de Planificación durante la dictadura, y José Antonio Vaquero, a quienes el juez español Baltasar Garzón intento extraditar el año pasado por crímenes de lesa humanidad. El juez Urso lleva transitoriamente las investigaciones por la denominada "Operación Cóndor", iniciadas hace cuatro años por su colega Rodolfo Canicoba Corral, quien en mayo de 2001 pidió sin éxito la extradición del ex dictador y general chileno Augusto Pinochet, entre otros acusados.
 
Durante 2001, también fueron rechazados los exhortos de arresto con fines de extradición redactados por Canicoba Corral contra los ex dictadores y generales Hugo Banzer Suárez (Bolivia), quien falleció en mayo de 2002, y Alfredo Stroessner (Paraguay), actualmente refugiado en Brasil. El único procesado en esa causa es el ex dictador argentino Jorge Videla, quien cumple prisión en su domicilio particular, beneficio que las leyes argentinas otorgan a los mayores de 70 años, por el robo y cambio de identidad de hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. 

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